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La revisión de las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad, según las disposiciones del Anexo “C”, después de cincuenta años de la entrada en vigor del Tratado (13 de agosto de 1973), será en consideración, entre otros, al “grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento, y en relación con la potencia contratada por las entidades de ambos países”.
Significa que, una vez honrado el compromiso y dueños sin ambages, la Otra Alta Parte Contratante o Paraguay tiene vía libre para exigir nuevas reglas que le permita asumir con plenitud su derecho de copropietario de la empresa. Implica que la ANDE, dueña de la mitad de la producción, una vez adquirida su parte, puede decidir venderla al mercado brasileño a otro mejor postor sin descuidar la demanda interna.
La liberación de los compromisos supone la recuperación de la soberanía energética paraguaya, hasta hoy hipotecada a favor del socio condómino.
Ya no más excusas sobre la necesidad de asegurar para mercado brasileño la entrega de la producción ya no más excusas sobre las fuentes de financiación; ya no más excusas de la Eletrobrás, con pretensiones de único propietario, para una fructuosa cotización en renombradas bolsas de valores.
Se acabaron las excusas. No obstante, mientras las direcciones técnica y financiera continúen en manos brasileñas no será posible la cogestión paritaria. De no romperse esta obligación de facto, será ineficaz la recuperación de nuestra soberanía energética.
Las nuevas reglas no serán consecuencias del azar
Brasil no accederá tan fácilmente abdicar a sus abusivos privilegios que lo convirtió en único propietario de la entidad binacional. “Solamente los paraguayos tontos creen que Itaipú es también de Paraguay”, afirmaba no hace mucho un director brasileño. Se necesitará entonces, a más del ejercicio del derecho de la copropiedad, funcionarios comprometidos con la defensa de los intereses nacionales a cambio de los venales que, sin solución de continuidad, hoy pululan en los consejos de administración y en los directorios ejecutivos.
Unos cuantos corruptos, es probable que sin leer el acuerdo de 1973, aceptaron sin cortapisas la apropiación indebida de Itaipú. Así solamente se puede explicar el cambio del precio justo, acordado en el Acta de Foz de Yguazú de 1966, por una magra compensación obligada a abonar Itaipú para liberar al Brasil, según el Tratado de 1973 o la inconstitucional autorización a los elementos de seguridad de la margen opuesta para intervenir en la margen paraguaya o que una deuda de US$ 3.500 millones, por obra y gracia de la criminal ingeniería financiera, hoy sea superior a los US$ 45.000 millones o que las riendas de la entidad, durante cincuenta años, siga manejada por directores técnicos y financieros de la otra margen.
Todo ello, con la complaciente justicia que privilegió la tesis de los antipatriotas abogados paraguayos, hoy prósperos ciudadanos, para asegurar un interesado blindaje jurídico que pudiera impedir el escrutinio estatal.
Hoy día, los corruptos dueños de Itaipú están con la barba en remojo. Les tambalea la estantería con la espada de Damocles del Tribunal de Cuentas de la Unión sobre sus cabezas. Es probable que la insobornable justicia brasileña, para no atizar el fuego que hace zozobrar al Estado brasileño, hasta el momento no intervenga la corrompida Eletrobrás, que sin empacho incluyó la deuda espuria como parte de su “aporte” a la entidad binacional. Los maletines ya no aplican como estrategia para la entrega directa de la plata, hoy son más sutiles y utilizan la vía indirecta del gasto social.
Para muestra vale un botón
Es importante señalar, que mediante el destape de la colosal corrupción en el Brasil que envuelve a la petrolera estatal Petrobras y a la empresa de electricidad Eletrobrás, es posible saber que altos funcionarios gubernamentales brasileños exigían coimas a los proveedores del Estado para financiar la campaña del Partido de los Trabajadores. Uno de los condenados a pena de cárcel es João Vaccari Netto, tesorero del Partido de los Trabajadores, quien por once años ejerció como miembro del Consejo de Administración de Itaipú.
Está condenado por haber recibido US$ 200 millones en concepto de sobornos. Dada su larga permanencia en Itaipú, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil anunció recientemente la fiscalización de las cuentas de la binacional. Existe la presunción de que durante su prolongada gestión en Itaipú haya lavado dinero de empresas que prestan servicios en la entidad, en cuyo caso miembros paraguayos del Consejo de Administración devendrían cómplices, por acción u omisión (ABC, 6 de septiembre de 2015).
Finalmente, si el Gobierno no se decide contratar profesionales extranjeros como consejeros o directores para defender los intereses nacionales, habida cuenta de la inoperancia cómplice de nuestros connacionales, creemos que llegó la hora de fomentar los centros de pensamiento liderados por patriotas para estudiar, analizar, sostener y aplicar al Gobierno los argumentos que permitan al Paraguay recuperar su soberanía energética en el año 2023 cedida al Brasil por chauchas y palitos el 13 de agosto de 1973.
juanantoniopozzo@gmail.com