Resoluciones y decretos evidencian plan de despojo

Además de la violación de expresas disposiciones legales, todos los indicios apuntan a que el gobierno de Horacio Cartes permitirá el despojo al Estado paraguayo del inmueble más valioso que tiene Ciudad del Este. Quieren ceder a los “amigos” la zona primaria por más de 30 años para explotar un hotel casino.

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El valioso inmueble conocido como “zona primaria” tiene casi 12 hectáreas y pertenece a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP); allí están instaladas las oficinas de esta institución y de Aduanas desde 1962. El predio, además, conserva el hito fundacional de Ciudad del Este.

Al menos cuatro grupos empresariales pretendieron realizar emprendimientos en ese lugar, hasta que el 24 de enero del 2013 el directorio de la ANNP liderado por el exdiputado Fernando Nicora (PLRA) firmó contrato con la Suisse Investment Corp SA, representada por Nabil Bahjat Nasser. Este acuerdo fue considerado ilegal por la Procuraduría y la Contraloría General de la República.

El 8 de julio de 2014 el actual presidente de Puertos, Héctor Duarte, rescindió contrato, abriendo la posibilidad de que, con procedimientos hechos “a la medida”, otro grupo inversor “amigo” del poder de turno pudiera quedarse con el valioso inmueble público.

En octubre del 2014, el grupo empresarial liderado por el israelí Simón Falic, junto con el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, anunciaron que bajo la franquicia Hard Rock querían instalar en el predio un hotel casino. El emprendimiento tiene apoyo de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, su cuñado, el gobernador Justo Zacarías, y principalmente de su marido, el asesor político de Cartes Javier Zacarías.

Rápidamente se puso en marcha todo un esquema que permitiría habilitar la construcción de inversión privada. El 24 de febrero de 2015 la Junta Municipal local emitió la Ordenanza 002/2015, “por la que se declara el puerto de Ciudad del Este como área de desarrollo de un polo turístico”. Basándose en ella, el 1 de marzo del 2016 el directorio de la ANNP, presidido por Héctor Duarte Chávez, emitió la Resolución 055/16, por la que autoriza al Presidente de la República a ejecutar “un proyecto en Ciudad del Este”.

El 26 de octubre del 2016 la Presidencia de la República emitió el Decreto 6131, donde autorizó a organismos del Estado a desarrollar un proyecto “turístico y de inversiones” dentro del predio de la ANNP, zona primaria. El 2 de diciembre de ese año la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por Javier Balbuena, aprobó el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación, paso necesario para que se presenten los interesados en la construcción de un hotel casino en el predio de 11 hectáreas para su explotación por 30 años.

El 2 de marzo del 2017, por Resolución 132, el director nacional de Aduanas, Nelson Valiente, dispuso la “relocalización y traslado de las unidades administrativas de la zona primaria a Campestre SA-ANNP”, disposición que se pospuso hasta el 31 de diciembre del 2017 a través de una nueva resolución, firmada el 7 de junio.

El 3 de marzo pasado el presidente de la República, Horacio Cartes, emitió el Decreto 6865, por el cual aprueba el proyecto turístico y de inversiones elaborado conforme a lo dispuesto en el Decreto 6131/2016 y aprueba la convocatoria a licitación pública por parte de Conajzar. Autoriza además al ministro de Industria y Comercio a rubricar los acuerdos con el ganador.

Para el abogado de funcionarios de Puertos que se oponen al proyecto, Nicolás Russo, todo el proceso es ilegal. Afirma que la Ordenanza 002/2015 de la Junta Municipal es irregular, ya que la Comuna no puede disponer de un terreno que no le pertenece ni abrogarse funciones del directorio de la ANNP. Pero, más grave aún, asevera que los decretos firmados por Cartes violan las leyes y la Constitución Nacional.

La Ley 1066/65, de creación de Puertos, en su artículo 19 señala que “a los miembros del Directorio les está prohibido: a) Comprometer directa o indirectamente los intereses de la Administración Nacional de Navegación y Puertos en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto”. 

La Constitución Nacional, en su artículo 137, habla del orden de prelación de las leyes. Ningún decreto está por encima de una ley y la Ley de Puertos dice que los intereses de la ANNP no se pueden comprometer en operaciones extrañas a su objeto, como un hotel y un casino.

Mañana: El clave rol de Conajzar

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