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A la sombra de los yuyales y bajo el puente del arroyo Itay, sobreviven entre la prostitución y las drogas. Lugareños denuncian inseguridad por asaltos de los nativos que se niegan a dejar la zona. Indi dice que llegar a una solución definitiva es compleja.
Al menos 68 niños y adolescentes indígenas mbya guarani trasladaron su improvisado campamento desde la ciudad de Luque a la zona del Parque Ñu Guasu.
Su presencia en los límites de dicha ciudad y Asunción ha generado un clima de inseguridad tanto para automovilistas como transeúntes, deportistas, los clubes y casas de los alrededores.
Prostitución, drogas, asaltos y mendicidad son moneda corriente en la avenida Autopista desde que estos nativos se instalaron en el lugar. Pese a que hay patrullas permanentes de la Policía Nacional y la recientemente anunciada patrulla de la Policía Urbana, el clima de inseguridad crece diariamente.
“Estamos preocupados porque hay momentos en que (los indígenas) se ponen muy agresivos cuando están bajo los efectos de las drogas. La situación no solo pone en peligro la integridad de estas personas por un eventual riesgo de ser atropelladas o sufrir algún tipo de accidentes, sino que ya han ingresado al predio del club sin permiso y han asaltado a algunas personas tanto dentro como fuera de la entidad”, comentó José Luis Cubilla, presidente del Club de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.
Este club, que presentó a finales del mes de enero una nota al Indi (Instituto Paraguayo del Indígena), se encuentra frente al campamento de los indígenas, quienes utilizan el arroyo Itay y el puente para ofrecer servicios sexuales de las menores indígenas en forma clandestina y también para drogarse.
En un seguimiento realizado por el Indi han logrado identificar a siete indígenas adultos responsables de llevar a este grupo de jóvenes y adolescentes a estos improvisados campamentos.
En el año 2014 se logró la aprehensión de tres de ellos, pero han quedado en libertad por invocar sus derechos ancestrales.
Sin embargo, el limbo judicial es confuso y alimenta la proliferación de estos campamentos. Se debe tener en cuenta que al abandonar sus comunidades las personas indígenas por voluntad propia renuncian a su condición de pueblo originario, por lo cual, si son encontrados culpables de cometer delitos deben someterse a la justicia ordinaria.
Estas personas son las que además de explotar a los menores, les proveen de la droga (cola de zapatero, básicamente) a G. 2.000 la cuchara.
Respecto a la nota presentada, el Indi se ha dado por notificado pero aún no ha realizado algo concreto para sacar a los nativos de las calles.
“Llegar a eso es algo complejo, no se trata de solo sacarlos y llevarlos de vuelta a sus comunidades, lleva tiempo”, dijo el titular de la institución, Jorge Aníbal Servín.