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Ayer a la mañana comparecieron ante el juzgado María del Carmen Martínez Méndez, jefa de Talento Humano de la UNA; su sobrina Leticia Deggeller Martínez, y Luz Aquino, ambas funcionarias a cargo de la primera. Las mismas están procesadas por hurto agravado y frustración de la prosecución penal tras ser sorprendidas en flagrancia el jueves a la noche en el interior del Rectorado por los estudiantes en vigilia, presuntamente sustrayendo documentos que serían evidencias.
El juez explicó que dictó la medida porque llama la atención que las mismas estaban haciendo un trabajo de manera oculta. Agregó que en su defensa las empleadas refirieron que estaban preparando documentos para pagar sueldos.
Sin embargo, el magistrado acotó que actuaron con suspicacia, un asueto por ser aniversario de la UNA, y sin comunicar a nadie. Sobre todo, a sabiendas de que toda la administración del Rectorado está con serios cuestionamientos, por lo que hay sospechas de que en realidad querían ocultar pruebas.
Ledesma explicó que hubo un pedido de fianza por parte de los representantes legales, pero que el tipo penal le prohíbe otorgar medidas sustitutivas.
Néstor Aquino, representante de Deggeller, dijo que solicitaron la prisión domiciliaria, con régimen de control policial, y argumentó que los hechos que se le imputan a su cliente no fueron suficientemente demostrados y las pruebas están muy contaminadas. Aseguró que tanto su defendida como Luz Aquino acudieron a trabajar por pedido de su jefa, la directora de Talento Humano, María del Carmen Martínez Méndez.
El abogado de Luz Aquino, Carlos Villamayor, tildó de medida populista la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, a la cual se allanó el juez. “No se reúne ningún elemento para tratar de sospechar de la conducta de mi defendida y hablar de hurto agravado”, acotó.
Con respecto a por qué las mujeres se ocultaron bajo la mesa al ser sorprendidas hurgando dentro del Rectorado, aseguró que se asustaron al ver al grupo de estudiantes bloqueando las salidas. Aseguró que fueron las funcionarias quienes llamaron al Sistema 911 de la Policía Nacional a pedir ayuda.
Martínez, quien solo en el Rectorado tiene un salario de G. 29.995.860 y cobra además en otras filiales de la UNA, acudió al juzgado con los abogados José Almada y Rodrigo Moreno. Explicaron que las garantías que se ofrecieron permitían disipar el peligro de fuga, requisitos para la prisión domiciliaria.
Los estudiantes en vigilia en el campus debieron intervenir para evitar que las mujeres huyeran con documentos. Martínez fue interceptada cuando intentaba salir a bordo de una patrullera de seguridad privada, la noche del jueves. Aquino y Deggeller, por su parte, se vieron acorraladas en las oficinas del Rectorado, al ser sorprendidas en actitud furtiva por los manifestantes. Intentaron ocultarse bajo los escritorios y pasaron la noche allí. Fueron aprehendidas en la mañana del viernes en una intervención fiscal.
Ayer al anochecer las funcionarias fueron derivadas de la Comisaría 17ª al Buen Pastor. Horas antes habían sido rechazadas, alegando las autoridades del presidio de mujeres que allí no había lugar para recibirlas.