Cargando...
La audiencia de imposición de medidas, iniciada a las 19:30, se llevó a cabo en medio de fuertes medidas de seguridad, que incluyó la prohibición del ingreso de la prensa al recinto judicial.
Alrededor de las 23:00, la jueza Lici Sánchez se presentó en la guardia del Palacio de Justicia, donde en una rueda de prensa comunicó su decisión de decretar la prisión preventiva de Peralta.
De la Policía, a Tacumbú
El juzgado estableció que el rector cumplirá la medida restrictiva de libertad en el Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional durante 5 días, tras lo cual será derivado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, siempre y cuando el juez de la causa, Alcides Corbeta, no disponga lo contrario.
“El fundamento del juzgado es que considerando que existe un peligro real y efectivo de obstrucción a la investigación fiscal, esta situación se ha dado tanto en la hipótesis planteada por el Ministerio Público como también por los hechos y acontecimientos producidos en los últimos días y que son de público conocimiento”, explicó la magistrada, al referirse a la destrucción de documentos denunciada por estudiantes de la UNA.
Indagada sobre el motivo por el cual no enviaba a Peralta directamente a Tacumbú, la magistrada explicó que se trata de un criterio establecido por el juzgado en distintos casos.
¿Del porqué de los cinco días? Es normal para esta juzgadora cuando se trate de delitos, previamente dejar a los imputados, no porque sea Froilán Peralta, sino a todos los imputados por delitos, dejarlos en la comisaría jurisdiccional o lugar de donde provinieron su detención, a los efectos de que los profesionales abogados evalúen su situación y en todo caso planteen ante su juez natural, alguna modificación o cambio. La resolución en definitiva estará con su juez natural”, indicó.
En la audiencia, los abogados defensores Sara Parquet y Alcides de la Gracia ofrecieron inmuebles y vehículos por valor de más de mil millones, a modo de fianza. Asimismo, argumentaron que no existe peligro de fuga ni de obstrucción, puesto que su representado ha presentado renuncia al cargo de rector de la Universidad Nacional.
El fiscal Martín Cabrera, quien participó en la audiencia con su colega Josefina Aghemo, pidió prisión para Peralta por obstrucción a la investigación. Aghemo, consultada si no se apartará del caso, dada su participación en una reunión política con el senador Juan Carlos Galaverna, “padrino” de Peralta, se limitó a decir que su intervención estaba sujeta a la decisión de su superior.
Sumario
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, apartó de la investigación a la fiscala de San Lorenzo Blanca Aquino y la desvinculó del grupo de fiscales que tiene a su cargo el caso.
No descartan incluir más hechos
El fiscal Martín Cabrera reconoció que a pesar de que el exrector Froilán Peralta copó de parientes la institución que estaba a su cargo, nada puede hacer el Ministerio Público porque el hecho no es un delito penal.
“El nepotismo no es un delito. No investigamos que haya nombrado a 20, 30 o 50 parientes. Es una ley que establece una sanción administrativa. La sanción para el responsable es inhabilitación para ocupar cargo público hasta por 5 años y la devolución del dinero que se cobró irregularmente, tanto para el que ordena como para el que recibe”, indicó el agente.
Cabrera dijo también que el motivo de la imputación de Peralta: inducción a cometer hecho punible solo tiene prevista una pena de hasta 2 años de cárcel, al igual que ocurre con el cobro indebido de honorarios. La denuncia contra el exrector de la UNA fue por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios y lesión de confianza. “La investigación empezó hace 6 días, de haber elementos que ameriten, se analizará y ampliará a más hechos”, enfatizó el fiscal.
Puede haber “frustración”
Froilán Peralta, quien se presentó en sede fiscal antes de ser aprehendido por la policía en su casa de San Lorenzo, también puede ser autor de frustración de la persecución, señalo la fiscala Josefina Aghemo.
Esto es así porque se supone que las funcionarias que destruyeron documentación en el Rectorado, tuvieron que hacerlo con la orden de un superior.
“Hay frustración a la persecución penal si se comprueba que está detrás (de las destrucciones de evidencia). El caso es investigado por otro equipo de fiscales de San Lorenzo, y estamos a la espera de poder determinar si esa documentación tiene que ver con lo que investigamos. Si son documentos que avalan el nombramiento de funcionarios tanto en el Rectorado como en la Facultad de Ciencia Veterinarias, son de nuestra causa”, dijo Aghemo.
La agente indicó que de ser así se puede pedir la acumulación de causa o verificar la documentación incautada y anexar a la pesquisa de cobro indebido de honorarios.
Tampoco se descarta “tráfico de influencia” de Froilán Peralta.