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La jueza Lici Sánchez envió a Froilán por 5 días a dependencias de Delitos Económicos de la Policía Nacional y luego indicó que debía pasar al penal de Tacumbú, si su “situación procesal” no variaba.
Sin embargo, ya ese mismo día la magistrada dio a entender que era más para que su defensa intentara la excarcelación con otros elementos.
Diligencias, en contra
Los estudiantes de las diferentes facultades de la UNA realizan denuncias de intento de destrucción de documentos (evidencias) y exigen la participación de fiscales.
Esto, increíblemente, es lo que puede facilitar el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión a Froilán Peralta.
Los fiscales Josefina Aghemo y Martín Cabrera habían solicitado su prisión porque un día antes, tres funcionarias, entre ellas la jefa de Talentos Humanos del Rectorado, María del Carmen Martínez, intentaron “borrar” evidencias.
La presunción, obviamente, es que lo hicieron por orden de Froilán.
Si los fiscales “presurosos” ahora –no como su colega Blanca Aquino que tardó 4 horas en llegar al campus de la UNA cuando se intentaron destruir evidencias– logran incautarse de documentaciones en las diferentes facultades, se abre el camino para que el exrector no pise Tacumbú.
A esto se suma que su abogada defensora, Sarah Parquet, tiene causales de inhibición con el juez Alcides Corbeta, conocido por no otorgar casi medidas alternativas, por lo que este magistrado se apartaría.
Como rector y con seis rubros docentes más en Veterinaria, Froilán ganaba G. 74.757.403 al mes.