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Las profesionales hicieron la denuncia penal en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción como representantes de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y con base a las publicaciones de ABC Color sobre el intento de despojo de tierras del Estado, para destinarlas al Hard Rock Hotel y Casino en Ciudad del Este.
Ni bien presentaron el escrito en el Ministerio Público, las dos profesionales fueron amenazadas por Zacarías Irún con una demanda por difamación y calumnia. El político, según precisaron, se escuda en que actualmente no es funcionario del Estado, por lo que no debe rendir cuentas de su fortuna.
Paralelamente, Zacarías ensaya una excusa para justificar la propiedad de su avión privado Beechcraft –cuya matrícula tiene sus iniciales– y le costó cerca de US$ 170.000 (casi G. 948 millones), además de dos departamentos en Itapema, específicamente en Meia Praia con costos entre 1.000 y 5.000 millones de guaraníes cada uno (uno de ellos tiene tres garajes), fiestas fastuosas y viajes exóticos de sus familiares por el mundo, ya que alega que logró con el “ejercicio” de su profesión de abogado.
La Subsecretaría de Estado de Tributación debe informar la rendición de cuentas de sus impuestos, porque sostiene que desde la profesión pudo tener todo este caudal económico. “Nosotros no le conocemos un trabajo y somos abogadas y hace mucho que ejercemos. Además, colegas del gremio de abogados de Ciudad del Este jamás vieron a Zacarías Irún ejercer la profesión”, dijo Kattya González.
En otro punto, la denunciante indicó que la justicia no puede desconocer la trayectoria política en la función pública, tanto de Zacarías Irún que fue diputado y dos veces intendente de Ciudad del Este. Además, actualmente su esposa Sandra McLeod es intendenta y su hermano Justo Zacarías Irún, gobernador de Alto Paraná.
“Todo el clan familiar debe justificar la ostentación de los bienes que tiene y contarnos a todos los paraguayos cómo es ser mago en este país, en un Paraguay que tiene un índice de pobreza alarmante”, enfatizó González.
“SA de Cartes”
Kattya González también lamentó que lleva una treintena de denuncias sin que el Ministerio Público se anime a procesar por corrupción a políticos.
“Tenemos que elegir si seguimos tolerando que los políticos sigan haciendo negocios desde los cargos públicos y tomar parte como Paraguay de una sociedad anónima del grupo Cartes o del clan Zacarías o del grupo Favero, o despegamos y somos capaces de decir defendamos la República, la democracia y la institucionalidad”, concluyó.
También a Cubas y Leite
Las abogadas Kattya González y Esther Roa adelantaron que también presentarán denuncia por tráfico de influencias contra el consejero de Yacyretá Emilio “Tiky” Cubas Gusinky y su primo el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite Gusinky. Según las profesionales, de acuerdo a la investigación periodística de ABC, ambos deben justificar sus “gestiones” para la concesión de 11 hectáreas de Puertos, al empresario venezolano-israelí Simón Falic, lo que se configuraría en un delito.