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El decano de la Facultad de Derecho UNA, Antonio Fretes, quien es titular de la Corte Suprema de Justicia, aparece como principal involucrado en el acto de corrupción al firmar y autorizar la repartija de 187,5 millones de guaraníes entre gremialistas estudiantiles, en violación a la normativa que establece que dicho dinero debió ser para estudiantes de escasos recursos.
Algunos casos de personas vinculadas con el liderazgo estudiantil a través de movimientos internos, el Ceduna así como representantes estudiantiles ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, aparecen en la lista que se publica en la infografía.
Muchos de los beneficiados también aparecen como funcionarios judiciales.
En la página digital del periódico estudiantil de Derecho UNA, “El Independiente” (http://www.elindependiente.com.py/), se publicó una lista con los detalles de los líderes estudiantiles vinculados con este escandaloso reparto de dinero.
Conforme con la Resolución Nº 146, del 2009, del Consejo Superior Universitario (CSU) –máxima autoridad de la UNA–, los requisitos para acceder a la beca son: demostrar pertenecer a un nivel económico bajo (escasos recursos) y un nivel académico superior al promedio tres.
Conforme con los datos que publica “El Independiente” en su portal, uno de los líderes que en el 2008 fueron denunciados por la misma situación es Rodrigo Scappini, quien de acuerdo con los propios estudiantes “pisa fuerte” en la Facultad pese a ser egresado. Scappini sigue en la institución y está cursando la maestría en Ciencias Jurídicas.
La insolvencia para acceder a una beca debe ser demostrada y es el decano Fretes quien firmó que los 75 beneficiados con la ayuda económica de 2,5 millones de guaraníes eran realmente pobres.
Sin embargo, varios de los beneficiarios son funcionarios judiciales asalariados y no insolventes. También hay funcionarios de otras instituciones públicas, con salarios superiores a G. 5 millones. El año pasado también se había denunciado un caso similar: cobraban como “insolventes” los mismos dirigentes estudiantiles, asistentes fiscales hasta jueces.
En el Rectorado de la UNA atribuyen el escándalo al decanato de Derecho (a cargo del ministro Antonio Fretes). El rector Froilán Peralta solicitó informes a la Facultad.