Desde tempranas horas del martes, dos máquinas pesadas (tractores, palacargadoras y retroexcavadoras), pertenecientes a la firma Barrail, según funcionarios municipales, procedieron a excavar en un carril pavimentado del Parque Caballero. Los operarios decían a los curiosos que era para reparar supuestamente caños averiados.


Al promediar la noche, la excavación era grande, con un pozo que fácilmente superaba los 6 metros, que llamó la atención de los vecinos, quienes alertaron de ello a radio Ñandutí. A partir de allí se movilizaron curiosos, agentes fiscales y el propio Riera, quien llamó a la radio para decir que todo está en orden, en regla, con documentos que avalan la autorización. Con tanto tumulto, los excavadores taponaron la fosa y se retiraron del lugar.


Dijo el intendente que todo se inició cuando un grupo de "personas serias" llegó junto a él con un plano antiguo donde se señala el sitio exacto del tesoro escondido bajo el subsuelo del parque. Autorizó la búsqueda, no sin antes hacer firmar un documento de compromiso a los buscadores, que consiste en que de todo lo encontrado el 50% sería para los excavadores y la otra mitad para la comuna. El documento, dice Riera, exige a los buscadores a reponer el pavimento una vez terminada la tarea.


Según Riera, el grupo estaba integrado por el presidente del Tribunal de Justicia Militar Gral. Porfirio Ramírez (de quien dijo es un estudioso de tesoros escondidos), el ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Víctor Núñez, sus abogados (citó a un tal Dr. Areco y a un abogado Ramírez), un geofísico, un odontólogo (buscador entusiasta de tesoros en el país), que ha recorrido el país; y el Arq. Luis Horacio Amarilla.


Con respecto a la no participación de la Junta Municipal en el tema, Riera dijo: "Yo firmo convenios y otorgo permisos en todos los casos, pero para su validez sí tienen que pasar por la Junta. En el caso en que se hubiesen encontrado (los tesoros), en términos ya administrativos, se tiene que hacer un inventario y autorizado por la Junta para incorporar al activo municipal".


Con el fin de labrar acta de lo ocurrido, se apersonaron en el parque el fiscal José Luis Casaccia, los emisarios de la Contraloría General de la República Federico Palacios y Oscar Mazó, el director general de Patrimonio Histórico y Cultural del Ministerio de Educación y Cultura Arq. Ricardo Careaga, entre otros.


Hubo coincidencia en que el intendente Riera obró en forma irregular al permitir una búsqueda para fines particulares en un predio de bien público.