Cargando...
La aprobación se produjo luego de un amplio e intenso debate entre concejales colorados que estaban a favor de la propuesta de retirar a los limpiavidrios de las calles y ediles de las bancadas del PLRA, de la concertación Juntos Podemos y del Partido Democrático Progresista, quienes sostuvieron que sacarlos no solucionará el problema de fondo.
El edil Federico Franco Troche (Juntos Podemos) explicó que la ordenanza no resolverá el problema mientras que Julio Ullón (ANR), sostuvo que el limpiavidrios es considerado un peatón, por lo que este no puede permanecer por tiempo prolongado en la calle.
Seguidamente, el concejal Daniel Centurión (ANR) explicó en una extensa alocución que esta ordenanza no fue elaborada de un día para otro, sino que fue un trabajo que se inició tiempo atrás. Explicó que la actividad de los limpiavidrios alienta a cometer delitos penales que infringen, entre otros, el artículo 120 del Código Penal que establece castigos para la coacción, considerado un hecho punible.
Sin embargo, Humberto Blasco (PLRA) señaló que la normativa debe establecer una penalidad, ya que, de no estipularse, no es una ordenanza sino que es más una “expresión de deseo”.
Finalmente, se aprobó prohibir la permanencia de limpiavidrios en las calles, a partir del 1 de abril y, en caso de incurrir en esta práctica, se multará a los infractores con 60 a 270 jornales (entre G. 4.200.000 y casi G. 19 millones).
Intendente vetará
El intendente asunceno Mario Ferreiro dijo ayer a ABC Cardinal que vetará la ordenanza aprobada en la Junta Municipal.
Aseguró que no será un “veto vacío”, ya que propondrán una solución integral para todos los trabajadores de la calle y no solo para los limpiavidrios.
Horas antes, Ferreiro adelantaba que una simple ordenanza no arreglaría el problema y que la Municipalidad, trabajando sola, no podría sostener el plan, puesto que la PMT no tiene fuerza represiva y no puede apresar a los limpiavidrios.
“Yo podría decir que el 1 de abril desaparecerá la pobreza en el país para quedar bien, pero eso es imposible”, expresó Ferreiro.
¿Qué pasa con el veto?
En un lapso de 15 días, el intendente municipal, Mario Ferreiro, debe emitir una resolución sobre la ordenanza aprobada en la Junta Municipal en la cual comunica a los concejales sobre su veto.
A partir de allí, la ordenanza vuelve a la Junta Municipal donde el veto puede anularse si es que los concejales reúnen los 16 votos necesarios. Para ello, los 11 ediles colorados necesitarán cinco votos más para revertir la decisión del intendente.
Ferreiro considera que la ordenanza tiene una intención política. “Para mí que los muchachos están jugando a una cuestión mediática para el 2018”, dijo el intendente considerando que Centurión tiene intereses electoralistas de cara a los próximos sufragios generales.