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Tanto Candia como Cristaldo señalaron que la Municipalidad debe devolver el 20% de lo que los contribuyentes pagaron en concepto de impuesto inmobiliario, teniendo en cuenta una serie de irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República en un informe del 2010. En el documento se realizó un análisis sobre la liquidación y el cobro del tributo entre enero y agosto de ese año.
Tras el análisis, la Contraloría concluyó que la Municipalidad de Asunción no cuenta en sus archivos institucionales con los documentos que respaldan la veracidad de los datos catastrales transferidos por el Servicio Nacional de Catastro a la Comuna para la elaboración del Catastro Inmobiliario Municipal.
En específico, existen viviendas cuya fecha de construcción figura 1 de enero de 1992, día en que se incorporaron a los registros del Catastro Municipal. Sin embargo, en los registros originales del Servicio Nacional de Catastro, los mismos inmuebles figuran con una fecha de incorporación anterior a la señalada, incluso hasta de más de veinte años antes.
La modificación de la fecha de construcción de las viviendas trajo como consecuencia que la ciudadanía de Asunción abone sumas superiores a las legalmente debidas, siempre según el informe de la Contraloría.
Las viviendas de Asunción que están catalogadas como antiguas, es decir, que tienen más de 20 años de antigüedad, pagan un impuesto reducido en relación a las casas nuevas.