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La Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna capitalina había emitido en noviembre del 2016 un dictamen en el que encomendaba a la Intendencia la rescisión del contrato con la empresa Parxin. Fue firmado por el entonces asesor José Enrique García. El edil Orlando Fiorotto (ANR) comentó que esto es motivo suficiente para terminar con el contrato.
Según el pliego de bases y condiciones, Parxin tenía cinco días hábiles a contar desde la fecha de firma del contrato para pagar la póliza de seguros de G. 3.000 millones. La firma del documento fue el 23 de junio de 2016, pero la garantía se abonó recién el 4 de agosto, más de un mes después.
En el texto del dictamen jurídico se consideraba que la no presentación en fecha de la garantía denota la ejecución de una conducta “omisiva” de la adjudicataria y es “constitutiva de un incumplimiento contractual rupturista del vínculo”. Además, alegaba que la tolerancia a un incumplimiento vulneraría principios esenciales de la contratación pública, alterando las condiciones y alentando eventuales acciones y reclamos.
Asimismo, el documento hacía la recomendación de declarar desierto o cancelar el llamado de la licitación pública internacional en la que resultó ganadora de la explotación del servicio la empresa Parxin, y posteriormente iniciar un nuevo proceso.
María Angélica Insaurralde, representante del consorcio Parxin y exdirectora del Registro del Automotor del Poder Judicial, dijo en aquella ocasión que la empresa sí cumplió con los plazos, ya que Parxin recibió la notificación el 28 de julio del 2016, y realizó el pago el 4 de agosto.
Hacer bien las cosas
El concejal Sebastián Villarejo (PPQ) fue el único edil que votó en contra de la homologación del contrato. Según él no hubo en la evaluación de ofertas un informe técnico de los especialistas de la Municipalidad. Argumentó que sí “es necesario implementar en Asunción este control pero haciendo bien las cosas”.
Criticó que el periodo de concesión sea de 15 años porque la inversión no vale ese tiempo. Además, se mostró en contra de que las zonas en donde se tarifará afecten a frentistas, porque “hay “áreas residenciales”. Luego de una prórroga, la entrada en vigencia del estacionamiento tarifado quedó para el 20 de julio.