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El proyecto
El proyecto autoriza a la Agencia a establecer en las comunas un servicio de control del tránsito como el de Sertrán (control de velocidad mediante cámaras digitales). La empresa había sido contratada por varios municipios para fiscalizar el tránsito sobre las rutas (conocido como “fotomultas”). La Corte Suprema de Justicia resolvió, en abril de 2012, que ese servicio es una tarea exclusiva del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Sin embargo, el proyecto de ley autoriza a la Agencia a la “utilización de medios tecnológicos” (fotomultas, básculas, radares, alcotest, analizador de gases) como medios de pruebas de las infracciones de la ley de tránsito, en las rutas de todo el país. De esta manera, la nueva entidad dará en concesión el servicio y los “zorros grises” y los “patrulleros” controlarán la aplicación del sistema. No obstante, el documento dice que las Municipalidades y la Patrulla Caminera percibirán las multas cobradas a los infractores, pero dentro de sus respectivas jurisdicciones.
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermuncipal había presentado sus objeciones al proyecto de ley ante la Cámara de Senadores porque atenta contra el inciso 8 del artículo 168 de la Constitución Nacional, que habla de “la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos”.
Hay que recordar que la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley 3850/09, de inspección técnica vehicular.