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La fiscala Teresa Sosa Laconich imputó a las personas cuyos nombres se publican en la infografía en esta página, por el sonado caso de la compraventa de calificaciones de materias que corresponden a la carrera de Derecho de la Católica. Con los 11 nuevos afectados, suman ya 25 los imputados por la Fiscalía, aunque los implicados serían muchos más.
Los funcionarios Víctor Oviedo Arce y Eduardo Ariel Barrios Villalba ya habían aparecido en la nómina anterior, de 14 imputados inicialmente. Ahora vuelven a aparecer ante nuevas evidencias y se les suma otro funcionario, Claudio Ramón Aponte Steiner, quien hasta los primeros días de julio de este año trabajaba con Oviedo y Barrios en la secretaría de la facultad.
Aponte Steiner fue destituido de dicha secretaría. Cursa actualmente el tercer semestre de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Católica y recientemente se postuló para auxiliar en un concurso público de oposición para el Banco Nacional de Fomento (BNF).
“Siempre fue así...”
Entre los imputados aparecen María Belén Maldonado Silva, hija del diputado Celso Maldonado Duarte (PLRA); y el expresidente del Centro de Estudiantes de Derecho, Leonard “Leo” Chung Wang, activista por el movimiento colorado de Juan Carlos Galaverna. En esta página se amplían más informaciones sobre ambos estudiantes.
Otra imputada es Nidia Méndez Matiauda, quien en una reciente asamblea estudiantil argumentó que “siempre fue así (que se compraban calificaciones)...” en la carrera de Derecho de la Católica.
Primeros imputados
La lista que se publica en esta página corresponde a la segunda tanda de afectados por la investigación y son casos en los que se tienen evidencias de la ilegalidad.
Los primeros imputados fueron: Víctor David Oviedo Arce, Eduardo Ariel Barrios Villalba, Lourdes Nathalia Agüero Zelaya, Joaquín Agüero Colmán, Patricia Marlene Aguirre, Christian Raúl Brítez, Claudia Carrera Romero, Rubén Enrique Escurra, Emhil Morel Achón, Nadia Soledad Ortiz, Rodrigo Adrián Segovia, Nadia Siemens Chamorro, Mirta Raquel Torres Pérez y Samanta Pauline Zaldívar.
Fueron detectadas unas 190 actas con calificaciones fraguadas, que involucran a estudiantes y egresados de la carrera de Derecho. El modus operandi consistía en modificar las calificaciones, por parte de algunos funcionarios, a cambio de montos de entre 800.000 a dos millones de guaraníes.
La investigación continúa a cargo de una comisión interventora presidida por el exrector de la Católica Antonio Tellechea Solís.
El rector Michel Gibaud dijo la semana pasada que los alumnos que aparecen involucrados serán expulsados y a los egresados se les anulará el título y el certificado de estudios, además de pedir a la Corte la anulación de matrícula.