Cargando...
El 18 de agosto el tribunal arbitral compuesto por Manuel Riera (propuesto por la Municipalidad), Édgar Rifler (por Ivesur) y Raúl Sapena Giménez (neutral y disidente) falló en contra de la Municipalidad de Asunción tras más de cinco años de impasses.
La Municipalidad de Asunción, que asumió una postura condescendiente con la empresa y sin defender los alegatos que había esgrimido al inicio del proceso, oculta el laudo por el cual se la condena. En el documento están expuestos los argumentos de los miembros del tribunal que fueron utilizados para fallar en contra de la Comuna.
Según explicó a ABC Color el director de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, José Enrique García, se aguarda que el documento –de unas 110 páginas– salga del propio tribunal para ser dado a conocer a la opinión pública.
Ayer se realizó una reunión entre el equipo jurídico de la Intendencia y los concejales de la Junta Municipal de Asunción miembros de la Comisión de Legislación, pero en ningún momento se proveyó de copias a los ediles capitalinos.
Pese a ello, estos pidieron explicaciones al equipo jurídico. Sobre el punto García les respondió que ahora solo queda pedir la nulidad de la condena, pero que para ello hay chances “que pueden ser pocas” o que “pueden ser muchas” y que involucran a “un montón de fuerzas”.
Dudosos argumentos
Uno de los argumentos que ponen en duda la actitud de los abogados de la Municipalidad de Asunción es el fallo de Riera, miembro propuesto por la propia Comuna.
El abogado concordó con su colega Rifler (miembro propuesto por Ivesur) e hizo lugar a la existencia de una supuesta “caja paralela” que, siempre según el fallo, permitía que existan vehículos sin inspección técnica vehicular pero con habilitación de la Comuna.
En este punto no se tuvo en cuenta que existen vehículos de excombatientes (o herederos), taxis y del Estado paraguayo que no requieren de ITV para ser habilitados y que son exonerados de esa obligación.
Tanto Benito Torres como Julio Samaniego, exmiembros de la Asesoría Jurídica de la Comuna de la administración Samaniego, concordaron en que hubo diferencias significativas entre los conteos de la base informática de la Municipalidad, que habló de 27.000 vehículos con habilitación pero sin ITV, mas para el laudo fueron 60.000, una cifra que, según se sospecha, fue inflada para fallar en contra de la Municipalidad.
No querían cocinar
El concejal Daniel Centurión (ANR) desmintió al exdirector de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad Benito Torres, quien mencionó que la Junta Municipal quería cocinar una extensión de contrato con la empresa Ivesur. “No es así como él planteó. Al contrario. Lo que habíamos hecho es llegar a un acuerdo con la empresa Ivesur por cinco años más. Ellos pedían 10 y les dimos cinco (hasta el 2023), a cambio de retirar todas las demandas y reducir el precio de la inspección técnica en 50%”, dijo.
Consideró que si la Intendencia hubiera aprobado la extensión del contrato, no hubiera existido el problema judicial que terminó con la condena a la Municipalidad a pagar US$ 3,6 millones.