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El presidente de la República, Fernando Lugo, firmó el decreto "Por el cual se objeta totalmente el proyecto de Ley N° 4255/10, Que previene y controla el tabaquismo"; pues el mismo colisiona con el Convenio Marco de Control de Tabaco ratificado por el país ante la OMS.Mediante el Decreto N° 5993, Lugo vetó el proyecto de ley señalando que no contribuye a alcanzar los objetivos trazados en el artículo N° 3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, que insta a proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.
El documento, que responde al pedido formulado hace varios días por el Ministerio de Salud Pública, señala que la epidemia de tabaquismo en nuestro país produce, en promedio, dos muertes prematuras por día como consecuencia de problemas cardiovasculares, oncológicos y respiratorios. "Muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutantes y cancerígenos, por lo que se requiere de una ley eficiente y basada en las mejores prácticas científicas en el control de este flagelo", añade el decreto.
De igual modo, se recuerda que además del costo directo que genera la atención de las enfermedades, existen costos indirectos como la ausencia al puesto de trabajo de los fumadores en postración, la caída de la productividad a consecuencia de las muertes tempranas y el cuidado de los enfermos por adicción en las casas.
Con respecto a la prohibición de fumar en lugares cerrados de acceso público, se señala que en el proyecto de ley se enumera a los lugares públicos, con lo cual podrían quedar sin protección los espacios no contemplados en dicha enumeración. También menciona que "estudios científicos revelan que la propagación de las sustancias dañinas del humo de tabaco no puede ser evitada a través de este tipo de área de fumadores", con relación al espacio de 70 m² o superior, contemplado en el proyecto de ley para la creación de áreas de fumadores.
También se expresa que deben tenerse en cuenta los derechos de los trabajadores de los lugares cerrados y que, en caso de permitirse áreas para fumadores, estarán obligados a inhalar el humo ajeno si no quieren perder el trabajo, lo cual resulta inaceptable a la luz de la legislación nacional e internacional.
La confrontación del proyecto de ley con el CMCT también se expone en el caso de la publicidad, ya que el convenio establece la prohibición de toda publicidad relacionada al tabaco a partir de los cinco años de vigencia del tratado, que se cumple a finales de este año; mientras que el proyecto aprobado por el Congreso Nacional establece la prohibición, a partir del año 2016 y solo a las publicidades de radio y televisión.
En cuanto a las advertencias sanitarias, remarca que las mismas deberían ocupar un 50% de la cajetilla y contener imágenes, mientras que el vetado proyecto establece una advertencia del 30% de la superficie de la cajetilla, sin imágenes. "Las advertencias sin imágenes impedirían que quienes no saben leer, entre ellos los niños, se informen sobre los verdaderos efectos del tabaco en la salud de las personas", añade.
Finalmente, manifiesta que es necesario objetar totalmente el proyecto, "con el fin de evitar una norma cercenada, incompleta e ineficaz a los efectos pretendidos"; y que, tras el veto, la ley retornará al Congreso Nacional.
El documento, que responde al pedido formulado hace varios días por el Ministerio de Salud Pública, señala que la epidemia de tabaquismo en nuestro país produce, en promedio, dos muertes prematuras por día como consecuencia de problemas cardiovasculares, oncológicos y respiratorios. "Muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutantes y cancerígenos, por lo que se requiere de una ley eficiente y basada en las mejores prácticas científicas en el control de este flagelo", añade el decreto.
De igual modo, se recuerda que además del costo directo que genera la atención de las enfermedades, existen costos indirectos como la ausencia al puesto de trabajo de los fumadores en postración, la caída de la productividad a consecuencia de las muertes tempranas y el cuidado de los enfermos por adicción en las casas.
Con respecto a la prohibición de fumar en lugares cerrados de acceso público, se señala que en el proyecto de ley se enumera a los lugares públicos, con lo cual podrían quedar sin protección los espacios no contemplados en dicha enumeración. También menciona que "estudios científicos revelan que la propagación de las sustancias dañinas del humo de tabaco no puede ser evitada a través de este tipo de área de fumadores", con relación al espacio de 70 m² o superior, contemplado en el proyecto de ley para la creación de áreas de fumadores.
También se expresa que deben tenerse en cuenta los derechos de los trabajadores de los lugares cerrados y que, en caso de permitirse áreas para fumadores, estarán obligados a inhalar el humo ajeno si no quieren perder el trabajo, lo cual resulta inaceptable a la luz de la legislación nacional e internacional.
La confrontación del proyecto de ley con el CMCT también se expone en el caso de la publicidad, ya que el convenio establece la prohibición de toda publicidad relacionada al tabaco a partir de los cinco años de vigencia del tratado, que se cumple a finales de este año; mientras que el proyecto aprobado por el Congreso Nacional establece la prohibición, a partir del año 2016 y solo a las publicidades de radio y televisión.
En cuanto a las advertencias sanitarias, remarca que las mismas deberían ocupar un 50% de la cajetilla y contener imágenes, mientras que el vetado proyecto establece una advertencia del 30% de la superficie de la cajetilla, sin imágenes. "Las advertencias sin imágenes impedirían que quienes no saben leer, entre ellos los niños, se informen sobre los verdaderos efectos del tabaco en la salud de las personas", añade.
Finalmente, manifiesta que es necesario objetar totalmente el proyecto, "con el fin de evitar una norma cercenada, incompleta e ineficaz a los efectos pretendidos"; y que, tras el veto, la ley retornará al Congreso Nacional.