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El estudio financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt estuvo a cargo de los investigadores Silvia González Brun, abogada, socióloga; el abogado Juan León, especialista en derecho agrario; y la politóloga Gabriela Schvartzman, coordinadora metodológica.
Según los testimonios recogidos los factores que desplazan forzosamente a los jóvenes rurales para buscar mejores opciones de vida o bienestar son los mismos que 15 años atrás.
Estas dificultades se enumeran en la falta de acceso a la tierra para los jóvenes, el avance de los monocultivos (liderado por extranjeros brasileños y religiosos menonitas) acaparando territorios (la superficie cultivada de soja en San Pedro pasó de 33.700 ha, entre 2000 y 2015 a 324.434 ha, en Caaguazú de 85.000 ha a 466.000 ha y en Itapúa de 405.000 ha a 643.470 ha) tradicionalmente campesinos, la falta de educación de calidad y de trabajo, la ausencia estatal en materia de asistencia técnica, entre otros.
Algunas de las conclusiones señalan que a causa del desplazamiento forzado de la población, desaparecen comunidades, se fragmentan las familias, quedan en estado de abandono las escuelas, centros de salud, iglesias y otras instituciones. Se impone la cultura brasileña, convirtiendo a esta región en un híbrido cultural en detrimento de la cultura tradicional campesina.
Además se degrada la salud ambiental como consecuencia del uso de agrotóxicos, la deforestación y la contaminación de los cauces de agua. Se produce una pérdida de animales y cultivos en las fincas campesinas a causa de la contaminación, y se incrementan los problemas de salud en las comunidades tales como afecciones respiratorias, del aparato digestivo, entre otras graves afecciones.
Educación urbanista
Otra conclusión importante de la investigación es que el sistema educativo, además de no lograr retener a más de un millón de adolescentes y jóvenes que actualmente no asisten a un establecimiento educativo, promueve contenidos que sobrevalorizan la cultura urbana por sobre la campesina, normalizando en el imaginario de las juventudes rurales la migración a las ciudades como única alternativa de movilidad social.
Sin embargo, en las ciudades hay cada vez menos demanda laboral y los jóvenes que acceden a algún puesto de trabajo generalmente lo hacen en contextos de precariedad.
Otros factores que impiden el arraigo de los jóvenes son las precarias condiciones de vida en las comunidades, sobre todo las que están en proceso de legalización de sus tierras.
Esto se refleja en la falta de acceso a servicios de salud, educación, cultura, agua potable, energía eléctrica, el mal estado de los caminos, así como la falta de recursos económicos para solventar sus estudios secundarios y terciarios.
Otro fenómeno que afecta cada vez a más jóvenes rurales, principalmente de zonas de San Pedro y Caaguazú, es la migración temporal para trabajar en cultivos ilegales de cannabis.
Testimonios de entrevistados describen cómo jóvenes desde los 14 años migran para trabajar con un “patrón”, generalmente extranjero de la frontera con el Brasil, hacia Amambay.
El estudio además cita los riesgos que afrontan los jóvenes rurales: violencia intrafamiliar; embarazo adolescente; aborto clandestino; acoso en todos los ámbitos; riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas; falta de educación sexual integral; consumo de drogas; trabajo en los cultivos ilícitos de cannabis; exposición a agrotóxicos; desalojos en los asentamientos en proceso de legalización de sus tierras; y criminalización de los reclamos campesinos.