ITV será adjudicada a Ivesur solo si renuncia a su deuda

Varios concejales asuncenos anunciaron que rechazarán la adjudicación de la inspección técnica vehicular (ITV) a la empresa Ivesur si esta no renuncia a la deuda de US$ 3,5 millones que reclama a la Municipalidad capitalina. La concesión fue aprobada en Intendencia, pero ahora debe ser homologada.

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Ayer tuvo ingreso el mensaje de la Intendencia Municipal que adjudica el servicio de inspección técnica de automotores y sus remolques que patenten en la ciudad de Asunción. “Vamos a estar estudiando en los siguientes días en comisión si realmente la empresa Ivesur ha renunciado a la deuda. Esta es la condición: si ellos no lo han hecho, entonces la bancada colorada va a rechazar la adjudicación”, comentó el concejal Julio Ullón (ANR). La posición colorada es compartida por el PDP y Patria Querida, por lo que cuenta con la mitad de los votos.

La adjudicación fue hecha a dos empresas: a la firma ITV SA (conocida como Ivesur) y a la firma Coarco SACI. “Con esto hemos conseguido el fin de este monopolio (...) Se tendrá un menor tiempo de espera para los conductores en los talleres, pero aún no sabemos si hay algún cambio positivo en el costo del servicio”, agregó. El mensaje fue derivado a la comisión de Legislación y la de Infraestructura.

La condición de la renuncia a la deuda había sido aprobada por el legislativo Municipal para que sea incluido en el pliego de bases y condiciones (PBC).

Por su parte, los concejales Elvio Segovia y Carlos Arregui (PDP) solicitaron ayer la “suspensión de la ITV por tiempo indefinido, hasta que se universalice a través del sistema constitucionalmente correcto”. La minuta fue derivada para su estudio a la comisión de Legislación.

Asimismo, el edil Javier Pintos (ANR) solicitó un informe a la Intendencia sobre la situación del litigio judicial con la empresa Ivesur, la cual reclama a la Comuna el pago de 3,5 millones de dólares. Ivesur había obtenido un fallo a su favor, el cual no fue apelado, lo que derivó en la imputación del entonces director de Asesoría Jurídica, Enrique García, ahora contralor general de la República.

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