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Estas piletas están amenazadas por la crecida del río Paraguay. El médico salubrista José Mayáns alerta sobre una posible catástrofe ambiental internacional.
Las aguas del río Paraguay amenazan peligrosamente con derrumbar los taludes de tierra que resguardan la base de las dos piletas de lixiviado del vertedero Cateura.
Son más de 100 millones de litros de este líquido tóxico, que es producto del “jugo” de la basura orgánica, agua de lluvia, componentes de metales pesados de las pilas, pinturas, y otros tóxicos cancerígenos como el cromo.
Desde el cerro Lambaré, se tiene una vista general de la situación: todas las casas del entorno del vertedero están inundadas y las aguas rodean dicho depósito de residuos.
Las aguas del río Paraguay alcanzaron ayer una altura de 6,30 metros, y ya están en la franja del nivel crítico para las zonas ribereñas.
El vertedero municipal de Cateura, cuya gestión está en manos de la firma brasileña Empo por concesión, se encuentra en una zona inundable, por lo que las aguas no solo avanzan por arriba, sino por debajo, entre las napas freáticas.
El doctor Mayáns manifestó su preocupación, como profesional de salud pública, por el peligro inminente de una contaminación e intoxicación masiva, en caso de que se escapen de las piletas los más de 100 millones de litros de lixiviado.
Dijo Mayáns que se está ante el peligro de una verdadera catástrofe ambiental que podría tener repercusiones y demandas internacionales, debido a que las aguas del río Paraguay son compartidas con poblaciones de Argentina.
Sostuvo que el caso está enmarcado dentro del delito de la exposición al peligro y daño a la salud poblacional, de la que son responsables no solo la firma Empo sino la Municipalidad de Asunción (dueña del terreno y de la basura) y la Secretaría del Ambiente (Seam), esta por negligencia y omisión en su competencia del cumplimiento de las leyes ambientales.
También el Ministerio Público (fiscalía del Ambiente) y la Contraloría forman parte de la cadena de responsables del caso Cateura, por ser instituciones contraloras.
Los responsables de la firma Empo no permiten el ingreso de la prensa ni de nadie en el predio municipal alegando que son concesionarios. Sin embargo, el daño potencial no es solo local sino afectará la calidad del río y a otros municipios.