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Con 17 votos a favor, ayer la Junta Municipal rechazó el veto parcial de la Intendencia asuncena que solo aprobaba uno de los cinco artículos de la ordenanza que prohíbe la permanencia de limpiavidrios en Capital.
El concejal Daniel Centurión (ANR), quien elaboró la ordenanza, criticó los argumentos presentados para el veto. Aseguró que Mario Ferreiro dijo que aceptaría la idea si había al menos una empresa que se comprometiera a contratar a los limpiavidrios y que hasta el momento ya se consiguieron 42 puestos para limpiavidrios en supermercados, empresas de transportes y shoppings. También comentó que los trabajadores recibirán kits de comida de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), mientras estén en periodo de capacitación para entrar a las empresas.
Por su parte, la concejala Rosana Rolón (ANR) dijo que la Intendencia no quiere trabajar y que hasta ahora “lo único que ha hecho es despedir a gente”, en referencia a las desvinculaciones de funcionarios.
“La Comuna no tiene capacidad represiva”
Por otro lado, el intendente Mario Ferreiro criticó fuertemente la aprobación de la ordenanza, puesto que no está de acuerdo en elaborar legislaciones que no se podrán cumplir, según explicó.
“La Comuna no tiene capacidad represiva: no tiene comisaría para apresar gente ni policía armada para disparar a nadie”, cuestionó. Recordó que en 12 meses, habrá más de 100.000 personas afectadas por las crecidas del río y que estas probablemente se dedicarán a oficios informales cuando deban abandonar sus hogares.
“Entiendo que la gente está agotada del acoso sufrido en las calles, pero me gustaría que el Gobierno Nacional pueda explicar cómo hará cumplir esto”, prosiguió.
Explicó que lo que deseaba era evitar la actual situación, la que describió como “contrarreloj para realizar una especie de arreo callejero”. Además, enfatizó en el problema de que si estas personas fueran multadas, no tendrían cómo pagar. “Yo no puedo concebir cómo sería. ¿se recogería a la gente en patrulleras, se pondría de vuelta la ‘Caperucita roja’?”, insistió.
A cargo de la Policía
Según la ordenanza, será la Policía Nacional la que hará cumplir la prohibición. En caso de violarla, se multará a los infractores con 60 a 270 jornales (entre G. 4.200.000 y casi G. 19 millones).
Al ser consultado el concejal Daniel Centurión sobre la forma en que la Policía actuará en caso de encontrar limpiavidrios en las calles, aseveró que con el trabajo que está realizando la Junta, para el 1 de abril ya conseguirán que todos estén en otros oficios. “En el caso de que exista un grupo que se resista a salir de las calles, entonces sí, se tendrá que hacer cumplir la ordenanza de alguna forma”, declaró. En las redes sociales muchos celebraron la prohibición, mientras otros se mostraron escépticos con respecto a su cumplimiento.