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Ni la empresa Parxin ni la Intendencia se harán cargo de esta situación. La empresa señala que depende de la decisión del ciudadano pagar o no a un informal. Ignoran, obviamente, que la gran mayoría no quiere hacerlo, pero es extorsionada o tiene miedo. La Intendencia, por su parte, evade la pregunta contestando que se contratará a 400 cuidacoches para que trabajen para Parxin, pero definitivamente eso no resolverá el problema.
Además, hasta ahora, se desconoce el número de informales que hay en las calles. El “censo” que fue llevado a cabo este año por la Comuna consistió en esperar en una oficina a que ellos se acerquen.
Se estima que hay más de 700 en la capital, por lo que es de esperar que la gente que está hace 40 años “trabajando” en una calle, no se mude e intente seguir cobrando la tarifa de siempre. Finalmente, será la ciudadanía la que sufrirá.
El director de la Policía Municipal aseguró que no es potestad de la Comuna luchar contra ellos, ya que no existe ninguna ley en contra de su trabajo. Sin embargo, tanto la Intendencia como el legislativo tienen la función de velar por la ciudadanía, lo que no han hecho, al no gestionar con los entes correspondientes la creación de regulaciones o la cooperación de otras instituciones para la lucha contra la extorsión.