Derecho UNA no logra acreditación y es obligada a hacer actualización

La centenaria Facultad de Derecho UNA, cuyo decano es el ministro de la Corte Suprema Raúl Torres Kirmser, no aprobó los requisitos para la acreditación de esa carrera ante la Aneaes. Los estudiantes ahora tendrán desventajas.

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En junio de este año, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sometió la carrera de Derecho al proceso de evaluación que realiza la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Fue inspeccionada por los pares evaluadores paraguayos María Angélica Luna y Gladys Barrios, además del evaluador extranjero, el colombiano Francisco Valderrama.

Por unanimidad, los evaluadores coincidieron en que para acceder a la acreditación, la centenaria casa de altos estudios deberá realizar un impostergable plan de mejoras, principalmente en sus proyectos académicos que requieren urgentes actualizaciones, según la Resolución Nº 422 del pasado 6 de noviembre de la Aneaes. En el documento también se establece que se le otorgará a Derecho UNA un periodo de 9 meses (vence en agosto de 2018) para realizar mejoras y solicitar nuevamente la visita de los evaluadores, quienes al corroborar que se realizaron los ajustes, podrán otorgar la acreditación; caso contrario, se aplazará de nuevo la certificación, ya que la calidad académica que ofrece no estará garantizada. El decano Torres Kirmser no contestó nuestras llamadas.

La Aneaes evalúa la calidad académica que ofrecen las universidades. La acreditación de una carrera dura 5 años. Derecho se había sometido al proceso de evaluación por última vez en el año 2012. Las carreras de sus filiales de Quiindy y San Juan Bautista tampoco fueron acreditadas.

Alumnos perjudicados

La Ley de Educación Superior establece que todas las universidades que ofrecen la carrera de Derecho están obligadas a acreditarlas ante la Aneaes porque es un requisito indispensable para el acceso a concursos, licitaciones y prestaciones de servicios.

El título del universitario que proviene de una carrera no certificada tiene un valor académico, administrativo y legal, pero no podrán postular a cargos públicos ni presentarse a llamados a licitación o para becas del Estado.

Los jueces, fiscales, abogados, asistentes o cualquier funcionario judicial que egrese de una carrera acreditada tienen un plus (puntos extra a favor) en la matriz de evaluación.

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