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Sindicalistas del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) insisten en que el ente sea intervenido para investigar una serie de supuestas irregularidades atribuidas a su director, Mario Leiva, en perjuicio del erario público y los derechos laborales.
Los sindicatos Fintnsi y el Sifuintn remitieron una nota al ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, acusando a Leiva de haber premiado económicamente en concepto de "responsabilidad" a una funcionaria llamada Lilian Martínez de Alonso, señalando que la misma no presta servicio en la institución y que incluso fue acusada por la Contraloría General.
Agregaron que Leiva maneja la institución a su antojo designando para viajes al exterior solo a empleados cercanos a su gestión.
Le acusan, además, de incumplir decretos nacionales, de encabezar una persecución sindical y de nominar a personal sin competencia para realizar trabajos de auditoría de calidad.
En otro punto condenaron el despido de la funcionaria contratada Liz María Centurión Pachuca a dos meses de haber dado a luz a su hijo. Según los denunciantes, la práctica se realizó violando normas que protegen a las mujeres en maternidad fijadas en el Código Laboral y otras leyes.
Contraparte
Damián Sánchez, del departamento de marketing del ente, desmintió las denuncias manifestadas. Sobre el caso de la funcionaria despedida en periodo de maternidad, señaló que el contrato de la misma feneció en el mes de marzo de 2010. Agregó que Lilian Martínez cumple con los requisitos establecidos para acceder al pago por "responsabilidad" y rechazó la existencia de una persecución sindical.
Finalmente aseguró que tanto los funcionarios seleccionados para los viajes representativos al exterior como aquellos designados a labores técnicas están completamente capacitados.
Los sindicalistas y las autoridades del ente se encuentran en conflicto permanente desde hace varios meses.
En reiteradas oportunidades los gremialistas acusaron a Leiva. Resaltaron que el alto funcionario incluso mandó paralizar las inspecciones de metrología a las estaciones de servicio, exponiendo al consumidor a recibir combustible al arbitrio de los emblemas. Las acusaciones fueron acompañadas por la Asociación de Consumidores del Paraguay (Asucop).
En otras notas dirigidas al MIC y a la Contraloría General de la República denunciaron que se autoaumentó el salario de G. 3.423.900 a G. 6.600.000.