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El edil Franco Troche (concertación Juntos Podemos) recordó en una entrevista con ABC Color que había solicitado al pleno de la Junta Municipal, a través de una minuta, el cese de las obras en el predio del RC4 debido a que aún no existía el permiso municipal correspondiente.
Recordó que la ordenanza 43/94, del plan regulador, especifica que se debe controlar la densidad máxima del terreno de manera a establecer el cálculo de cuántas viviendas pueden construirse en el terreno.
Además, sostuvo que la Ley 3966/10, orgánica municipal, menciona que todos los fraccionamientos deben ser aprobados por la Junta Municipal. Sin embargo, el legislativo municipal no aprobó ningún plano para la construcción de viviendas.
Explicó que la Ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental establece los requerimientos para cualquier tipo de obras, los cuales no fueron cumplidos según mencionó el concejal.
Al obviarse la evaluación de impacto ambiental, los responsables de proyecto –es decir, el Gobierno Nacional– podría incurrir en una violación a la Ley 796/95 que sanciona delitos contra el ambiente.
Por ello, el concejal pedirá en la sesión ordinaria de hoy, a través de una minuta verbal, la solicitud de todos estos documentos.
Recordó que está pendiente en el Juzgado de Faltas de la Municipalidad el informe de la Dirección de Gestión Ambiental de la Comuna que hace referencia a posibles delitos ambientales por tala indiscriminada de árboles.
De constatarse las falencias, la Junta Municipal y la Intendencia tendrán que detener las obras, hasta tanto se reúnan los requisitos.
Pendiente
Aún está pendiente en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto que declara como “área silvestre protegida” al terreno donde el Gobierno quiere construir viviendas populares.
En caso de que se declare como área silvestre protegida, quedará un terreno completamente desmontado, donde ya no existen hoy en día ni siquiera vestigios de vegetación. La Coordinadora de Defensa Zeballense, cuyos miembros son habitantes antiguos del barrio Zeballos Cue, habían mencionado que el pequeño bosque servía como “pulmón” a la ciudad e incluso servía como área de amortiguamiento al Jardín Botánico.
Sin embargo, la declaración sería rechazada por Diputados, ya que en la Cámara Baja la mayoría de legisladores de la bancada colorada responden al presidente Horacio Cartes, principal impulsor del proyecto.
La iniciativa busca construir un barrio que albergue a unas 1.000 familias del barrio Ricardo Brugada, más conocido como “Chacarita”, que actualmente residen en zonas inundables del populoso sector de la ciudad.
La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) y la Itaipú Binacional son las entidades que ejecutarán la construcción.
La empresa Caldetec, de Jorge Ozuna, fue adjudicada con las obras de movimiento de suelo por un contrato de G. 2.750 millones.