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En esa época, los peticionantes se encontraban en la Plaza Uruguaya y obligaron a Acuña iniciar los trámites para adquirir las tierras de Eliodoro Cohene. En una primera tasación costaban G. 62.000 millones. Este trabajo estuvo a cargo de los arquitectos Juan Martínez, Gustavo Ruiz y el Ing. Federico Santacruz, del MOPC. El elevado costo frenó las negociaciones y aparecieron como mediadores el gobernador Pakova Ledesma y el carpero José Rodríguez.
La presión seguía desde la plaza y Acuña mandó realizar una segunda tasación y el 30 de noviembre de 2011 los mismos avaluadores dijeron que ahora costaban G. 50.995.149.065. Es decir, casi 11.000 millones menos.
Definitivamente, Acuña paró y dos meses después fue reemplazada por el indigenista Óscar Ayala. Este mandó realizar un estudio del terreno a través del Ministerio de Agricultura y paralelamente se descubrió que dos años atrás este mismo inmueble fue transferido por la firma Willrey Company a favor de Eliodoro Cohene en G. 1.200 millones, pero se quería vender al Estado primero en 62.000 millones y luego en un poco más de G. 50.995 millones.
El Ministerio de Agricultura, en cambio, informaba que más de 4.000 hectáreas eran zonas anegables.
Ante estos informes, Ayala decidió definitivamente no comprar y el caso pasó al freezer.
Con la destitución de Lugo, asumió en el Indi Rubén Quesnel, quien reavivó la compra con la idea de crear una “ciudad indígena”. El ente, al parecer, quiere gastar antes de fin de mes la totalidad de su rubro tierra y es la razón del interés por la propiedad, que ni siquiera es territorio indígena. Habiendo otras comunidades que claman por tierras y las fundadas sospechas de corrupción, adquirir el inmueble de Unión no será otra cosa que una gran estafa al Estado.