Cargando...
En una de sus intervenciones, la titular de la cartera de Estado destacó que el Plan Nacional de Derechos Humanos pretende mejorar la vigencia de los derechos humanos en el país. “Es el primero en su género, a la luz de la Declaración y Programa de Acción de Viena, que recomienda el mejoramiento en la promoción y protección de los derechos”, refirió.
Indicó que el Plan cuenta con cuatro ejes estratégicos que “transversalizan” las cuestiones indígenas. “Incluyen como una de las estrategias prioritarias para la superación de las desigualdades estructurales y exclusión social el garantizar la propiedad y posesión de las tierras y territorios de las comunidades indígenas, respetando los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario”, citó la secretaria de Estado.
Resaltó además que el Plan propone acciones concretas de concienciación sobre el carácter pluricultural del Paraguay, incluyendo a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades migrantes, así como la inserción en el currículo educativo del reconocimiento de los aportes provenientes de estos colectivos en la conformación histórica de la sociedad paraguaya.
Fruto del debate
Comentó que en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos hubo un amplio debate sobre las cuestiones que se deberían priorizar y las acciones a ser emprendidas, tomando en consideración las diferentes realidades de las comunidades indígenas que trasuntaron en puntos concretos del documento, como tierras ancestrales, alimentación, educación, salud y autodeterminación, enfocados según cada contexto, cultura y cosmovisión.
La ministra reconoció que no obstante existe todavía un gran trecho que transitar entre el respeto y la protección de los derechos de las comunidades indígenas, “pues el Paraguay se encuentra en proceso de aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos y de la construcción de indicadores específicos que puedan determinar la cantidad de derechos vulnerados y el grado o posibilidad de cumplimiento y restitución”, manifestó.
Gobierno vendió tierra de indígenas
Los hechos muchas veces contrastan con los enunciados. Mientras, por una parte, se promete garantizar la propiedad privada, el gobierno de Federico Franco pasará a la historia por haber vendido a través del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), presidido por el entonces titular, Rubén Quesnel, una propiedad de 25.000 Ha. habitadas por familias ayoreas de la comunidad Cuyabia.
El inmueble es territorio ancestral de estos nativos, y al venderse, se violó el artículo 64 del Capítulo V de la Constitución que prohíbe este tipo de transacciones, así como el arrendamiento.