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Al parecer, poco o nada les interesa a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) si su personal de blanco está o no capacitado o si es idóneo para atender la salud de los asegurados.
Esto se desprende del comunicado emitido por el propio Consejo de Administración del IPS, ante las publicaciones de nuestro diario sobre la indefinición en el caso de la denuncia de presuntos títulos falsos obtenidos de la Universidad Privada del Guairá (UPG) por 69 funcionarios de la previsional. “Las autoridades del IPS ponen a conocimiento de los aportantes, asegurados, jubilados y población en general cuanto sigue: La Institución se halla inmersa en un proceso de saneamiento, regularización y recuperación de la estabilidad financiera, jurídica y asistencial que la misma ha perdido hace un tiempo atrás, y hay que decirlo; debido al manejo poco claro y discrecional de los recursos e intereses del IPS...”, dice la nota.
Añade que el IPS rechaza categóricamente el contenido de las publicaciones del Diario ABC Color, bajo los títulos de “Fuerte tufo a ‘oparei’ en caso de títulos falsos del personal del IPS”, “Sospechosa rosca en salud pública vinculada a títulos falsos” y varios más, por ser falsas, tendenciosas y malintencionadas.
Agrega que en nuestro país rige el Estado de Derecho que garantiza que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en el marco del debido proceso judicial.
“La existencia o no de instituciones de enseñanza privadas o públicas que hayan sido denunciadas por supuesta expedición de títulos académicos falsos, expedidos en tiempo récord, u otra irregularidad, es un delito que debe ser investigado por las instituciones legalmente establecidas para el efecto: el Ministerio de Educación, el Consejo de Universidades, la Fiscalía General del Estado, entre otras”, sostiene el comunicado.
Mientras estas instituciones no se expidan declarando la invalidez, nulidad, o irregularidad de los títulos, el IPS no puede hacerlo sin arrogarse competencia ajena, menciona igualmente.
“Sin la declaración de invalidez o nulidad o irregularidad de los títulos realizada por las instituciones competentes, el IPS no está habilitado a sancionar a quienes hayan presentado esos documentos a la institución y donde los sumarios abiertos y actualmente en curso llegaran, conforme a la Ley de la Función Pública, a la etapa de conclusión y la decisión final estará supeditado a la investigación penal de rigor que está en curso en la justicia penal”, manifiesta el comunicado.
Lo que no señala la nota del Consejo de Administración del IPS, presidido por el doctor Benigno López, es que no existe ninguna carpeta judicial sobre el caso de referencia ante el Ministerio Público.
Es decir, a seis meses de la denuncia, las autoridades del IPS se lavan las manos y dicen que la conclusión de los sumarios administrativos está supeditado a la investigación penal, una investigación que nunca llegará porque nadie presentó denuncia alguna, cumpliéndose así el vaticinio de ABC que todo va al “oparei”.
Se confirmaría el “oparei”
Ante la llamativa nota del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) que dice que no concluirá los sumarios a los 69 funcionarios sospechados de haber comprado sus títulos de la Universidad Privada del Guairá (UPG), hasta no tener el resultado de las investigaciones jurídicas, hemos consultado ante el Ministerio Público si existe alguna carpeta judicial abierta en investigación de este caso y la respuesta fue que hasta ayer a la tarde no se presentó ninguna denuncia al respecto. Quiere decir entonces que tiende a confirmarse el presagio de que la grave acusación quedaría en el “oparei”, aparentemente a raíz de intereses ocultos dentro de la misma previsional.