Ahora, proceso a Froilán se tramita en San Lorenzo

El juez Alcides Corbeta dispuso ayer la remisión a San Lorenzo del proceso al exrector de la Universidad Nacional de Asunción Froilán Peralta por lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer hecho punible. El magistrado hizo lugar a una excepción de incompetencia de jurisdicción.

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La permanencia del expediente en Asunción fue objetada por la defensora de Froilán, Sara Parquet, debido a que el Tribunal de Apelación de Central tomó intervención en la causa, luego de que su par de Asunción, Primera Sala, se declarara incompetente.

“Nos parece absolutamente improcedente (...). No puede ser que para una cuestión atienda San Lorenzo y para otra cuestión atienda Asunción”, alegó Parquet.

Corbeta justificó su decisión al resaltar que los hechos investigados fueron realizados en San Lorenzo y destacó la fundamentación de la resolución de alzada, en dicho sentido.

“Se investigan supuestos hechos de corrupción (especialmente en la contratación, asignación de rubros, funciones y cobros irregulares por parte de varios funcionarios públicos que figuran en las planillas de la institución), los que supuestamente fueron cometidos en el rectorado de la UNA, cuya sede se circunscribe en la ciudad de San Lorenzo (...) se tiene que la comitiva fiscal se ha constituido en el rectorado y en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA –sede San Lorenzo–, de donde incautaron documentaciones, es decir, que el acontecimiento histórico en etapa de investigación se ha desarrollado en un territorio que no corresponde a la capital (...)”, dijo la Cámara.

Una vez firme la resolución, el actuario Osmar Legal remitirá el expediente del caso a la vecina ciudad, para el sorteo entre los dos juzgados de la zona.

El nuevo magistrado debe citar para audiencia de medidas a los más de 20 imputados por cobro indebido de honorarios, entre ellos la maestra parvularia Tatiana Cogliolo, quien fungía de docente y secretaria.

En San Lorenzo se tramita paralelamente la causa de la “comepapeles”, la exdirectora de Recursos Humanos María del Carmen Martínez y otras dos funcionarias por intentar destruir evidencias.

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