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El video difundido ayer por el Gobierno, pero que presuntamente es del 3 de enero pasado, dura casi dos minutos y en él se lo ve al antiguo cabecilla del grupo Albino Ramón Jara Larrea, que operaba con el alias de comandante Milciades León hasta la noche en que fue abatido, el 6 de enero pasado en el predio de la estancia Acapitigó de la localidad de Tacuara, distrito de Horqueta, departamento de Concepción.
Precisamente, Rogelio Carrillo, dueño de la referida hacienda, fue el destinatario del mensaje de los terroristas, que incluso grabaron la escena en uno de los retiros de la propiedad.
En el video, Jara Larrea le exigió directamente la entrega de G. 120 millones en concepto de “multa”, supuestamente por no haber respetado el acuerdo que tenían.
Siempre en idioma guaraní, el joven maleante advirtió a Carrillo que si no cumplía con ellos iba a sufrir las consecuencias.
Albino aparecía sosteniendo un fusil AK-47 y a su lado estaba Rudy Ruiz Sosa, alias teniente Rodrigo Sosa, quien tenía un fusil M4.
Después, también aparece en la toma el criminal Alicio Florenciano Vega, quien portaba un rifle. Este fue ejecutado con un tiro de escopeta en la cabeza, el 4 de febrero pasado, por un grupo de marihuaneros en los montes del distrito de Yby Yaú.
Ayer, intentamos conversar con Carrillo para saber si en realidad cumplió con el pago exigido por la ACA, pero el estanciero se excusó en dar declaraciones referentes al tema, por considerarlo delicado para él y su familia.
Una versión asegura que el productor pagó G. 60 millones al día siguiente de la grabación del video.
Tenían dinero
La extorsión es una modalidad terrorista implementada en el Norte por el grupo Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), del cual se desprendió la Agrupación Campesina Armada (ACA).
De hecho, el 19 de setiembre pasado, cuando habían sido eliminados tres miembros de la ACA en Arroyito, la FTC ya había rescatado casi G. 120 millones que tenían los maleantes en su poder.
Después, cuando murió Jara Larrea, también se recuperaron otros G. 48 millones en efectivo.
Uno de los golpes más significativos atribuidos a la ACA es el secuestro del ganadero Hernán Silva Smith, en junio de 2014, y por quien cobraron G. 1.000 millones.