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En los primeros años de la tragedia, las víctimas acudían al Palacio para pedir condena a los responsables.
Hoy día esta etapa ya ha concluido, pues tanto el empresario Juan Pío Paiva como su hijo Víctor Daniel Paiva y el guardia de seguridad Daniel Areco han sido condenados a 12, 10 y 5 años de prisión, respectivamente. Los dos últimos incluso ya han recuperado su libertad.
Sin embargo, el peregrinar de las víctimas en el Palacio de Justicia continúa, esta vez para no perder los pocos bienes que poseen para el pago de los honorarios de abogados.
Calixto Prado, uno de los afectados, expresó su preocupación por una serie de embargos que soportan actualmente numerosas víctimas, que podrían perder sus casas para poder cubrir los honorarios de los letrados intervinientes.
“Lo que nosotros solicitamos es que no se ejecuten las regulaciones de honorarios en las causas que perdieron los juicios en lo civil, así como aquellos que están en trámite y pueden llegar a última instancia, renuncien a su privilegio de cobrar mucho dinero y que los 21.000 millones de guaraníes que están depositados en el BNF sean repartidos a todas las víctimas en partes iguales o como digan ellos. Pedimos que se abra una mesa de trabajo entre los abogados”, indicó, tras comentar que hay un pedido de regulación de G. 6.000 millones.
“Nosotros queremos que se termine ya todo de una vez, ya se van a cumplir 10 años de la tragedia y seguimos con la espada que pende sobre nuestras cabezas”, acotó nuestro entrevistado.
Prado perdió a su hermana Ana Karina Prado en el incendio, y a su padre, Antonio Prado, quien falleció meses después del siniestro, por complicaciones de salud derivadas de la triste pérdida.
Tras entrevistarse con la actuaria de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Karina Penoni, las víctimas fueron derivadas a la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, a cargo del abogado Mario Elizeche.
En principio, se acordó realizar un relevamiento de los reclamos de honorarios y embargos dictados en las diferentes causas y que, según Prado, afectarían a más de cien personas.