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La defensa, a cargo del abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) Francisco Benítez y los defensores públicos Jorge Zayas y Analía Yinde, solicitó la aplicación de la Ley 4669 (actualmente suspendida), que redujo de 4 a tres años la duración del proceso.
“Nuestros defendidos Basiliano Cardozo y Aristides Vera están privados de su libertad desde el 12 de diciembre del 2008 en carácter preventivo y a la fecha hace 3 años 9 meses y 3 días de prisión que están sufriendo”, indicó Benítez, tras alegar que la legislación invocada es la que debe ser aplicada por ser más favorable a sus clientes.
Tanto el fiscal Rogelio Ortúzar como la abogada querellante Silvia Teme solicitaron el rechazo de la petición de la defensa.
Teme sostuvo que la defensa pretende aplicar la ley a su antojo, pues la Corte Suprema de Justicia ya dejó sentado el criterio de que el plazo mínimo de duración de la prisión preventiva es de 5 años en casos de homicidio. La profesional destacó que también se debe tener en cuenta la conducta de los condenados y en este caso, solicitó que se tenga en cuenta que se dieron a la fuga, lo cual obligó al Estado a incurrir en gastos para lograr su sometimiento al proceso.
Para Ortúzar, la excepción de inconstitucionalidad planteada por el Ministerio Público contra la referida ley constituye un impedimento para que el tribunal analice la cuestión hasta que la máxima instancia se pronuncie sobre dicho recurso.
Tras escuchar a las partes, el colegiado integrado por Letizia De Gásperi, Óscar Rodríguez Massi y Lizza Battilana señala que no existe posibilidad de revocar la prisión, ya que existe una condena por una sentencia.
Asimismo, destacó que se trata de un hecho considerado crimen y que el peligro de fuga está latente.
En julio último, estas personas fueron condenadas a 35 años de reclusión -25 de prisión y 10 de medidas de seguridad- conjuntamente con Carlos Espínola, por secuestro y crimen de la hija del expresidente de la República Raúl Cubas Grau, Cecilia Cubas Gusinky.
Cecilia fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004 y su cuerpo sin vida, hallado el 16 de febrero de 2005, en una vivienda de Ñemby, donde fue enterrada viva.