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Luego de que once de los doce acusados renunciaran a ser defendidos por los abogados particulares Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, la responsabilidad pasó al defensor público Joaquín Díaz, quien se presentó como representante legal de Felipe Nery Urbina, acusado por frustración de la persecución penal.
El profesional pidió la asistencia de otros letrados y tiempo para estudiar el caso, en atención a que los acusados afrontan los cargos de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio doloso y asociación criminal.
Cambio de defensores
Ayer, Díaz se presentó con sus colegas Federico Hetter, Ana María Esquivel y Carlos Arce, pero los once acusados ya habían tomado otra decisión, pues en la noche anterior otorgaron poder al abogado Víctor Azuaga. Así las cosas, los defensores públicos quedaron a cargo de la defensa de Felipe Nery Urbina. Aceptada la personería de Azuaga en representación de Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería, el primer impase registrado tiene relación con el tiempo para preparar la defensa.
Si bien tanto Azuaga, como los defensores públicos, los fiscales Jalil Rachid, Juliana Giménez y Liliana Alcaraz y el tribunal integrado por Ramón Trinidad Zelaya (presidente), Benito González y Samuel Silvero estaban de acuerdo que la defensa necesita tiempo, la duración fue motivo de discordia.
La fiscala Alcaraz pidió que no fuera de más de tres días, tiempo considerado insuficiente por la defensa. Finalmente el colegiado resolvió declarar cuarto intermedio hasta el lunes, lo cual fue objetado por Azuaga.
Ante la ratificación del tribunal de la fecha fijada para la continuidad de la audiencia, el letrado no ocultó su molestia, en especial por los motivos aducidos por el tribunal.
“El presidente dijo que la prensa, la gente y otros esperan la sentencia, eso quiere decir que él está preopinando. No quiero pensar, pero seguramente ya está todo...”, indicó Azuaga, tras anunciar la recusación a Trinidad Zelaya por preopinión.
“Esto es una payasada”
“Esto es una comedia, un teatro armado por la justicia, una payasada”, expresó visiblemente ofuscado el político Domingo Laíno, al retirarse de la sala.
“Es imposible ver todo un expediente en cinco días. El plazo que ha dado de unos días es absolutamente insuficiente para que la defensa pueda leer, examinar todo el expediente y todas las actuaciones, nuevamente se nota que el tribunal de sentencia viola los derechos procesales y el derecho a un juicio justo”, expresó a su vez Alberto Alderete, expresidente del Indert y defensor de los derechos humanos.
Desalojo con 17 muertos
La llamada “masacre de Curuguaty” se registró durante un desalojo en Campos Morombí, realizado el 15 de junio de 2012, que dejó un saldo de 17 muertos –seis policías y once campesinos– y derivó en el juicio político al expresidente Fernando Lugo y su posterior destitución. A la par de los 12 adultos acusados, la fiscalía también acusó a una adolescente cuyo juzgamiento –igualmente previsto para el lunes– se pospuso a noviembre.