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El juez Rubén Riquelme prosigue esta mañana (8:00) con la audiencia preliminar para los acusados por la sobrefacturación de tierras de la firma San Agustín SA, ligada al senador Jorge Oviedo Matto.
El Ministerio Público debe contestar los incidentes presentados por las defensas, entre ellos los que proponen donaciones que alcanzan apenas G. 216 millones en cuotas.
La Fiscalía ya definió en su acusación que el Indert compró tierras por casi G. 48.000 millones cuando solo valían G. 1.000 millones.
Entre los acusados están extitular del Indert Luis Ortigoza, quien busca su “blanqueo” con la excusa de que no existe “daño patrimonial” contra el Estado. Planteó su sobreseimiento definitivo.
Su defensa solicitó que el juez Riquelme tenga presente la “donación” de G. 12.058.859.610, que no es más que el saldo existente a favor de la firma que el Indert debía hacer frente y que solo tras el escándalo fue “perdonado”.
Asimismo, la escribana pública Marta Roa reconoció el hecho punible que se le atribuye, solicitó ser beneficiada con la suspensión condicional del procedimiento y ofreció donar G. 3 millones durante 2 años, en total solo G. 72 millones.
Por su parte, los peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas Víctor Blanco y Mario Echeverría, quienes habrían sobrevaluado la propiedad, solicitaron también la suspensión condicional del procedimiento y donar 2 millones cada uno durante un año. Esto significa que entre los dos entregarán G. 48 millones a entidades de beneficencia.
En el caso del exadministrador de la firma San Agustín, Arnaldo Jara –quien retiró los G. 48.000 millones en una caravana de seis camionetas en plena Semana Santa–, solicitó la suspensión condicional y ofreció donar G. 4 millones mensuales durante dos años, lo que suman G. 96 millones.
El diputado liberal Milciades Duré solicitó agregar informes del Indert sobre la aptitud de las tierras vendidas por San Agustín, pero hasta el momento no ofreció ninguna donación.