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El tribunal de sentencia está integrado con Liza Battilana, Manuel Aguirre y Fleitas. La fiscala de la causa es Sonia Pereira.
El proceso se inició con la acusación de Robadín a David Yinde –entonces director de la Dinatran– por supuestamente haberle solicitado US$ 5.000 para que un sumario abierto al hermano del sacerdote, en la referida dependencia estatal, le fuera favorable.
Tras la investigación fiscal se comprobó que Robadín tenía una deuda de G. 5 millones con Yinde y era esta misma deuda la que simuló el religioso que estaba pagando como coima (que fue filmada).
Yinde luego inició la querella adhesiva.