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Pide como medida cautelar la inaplicabilidad por parte de la Contraloría de la mencionada normativa.
El escrito presentado ayer ante la Sala Constitucional de la Corte refiere que la ley viola el derecho a la intimidad. Refieren que es un derecho constitucional el derecho a la intimidad, así como el derecho a la inviolabilidad de los recintos cerrados y el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada.
Agregan que la ley también va contra la Carta Magna al violentar el principio de exactitud, ya que saber el gasto del declarante y sus familiares es totalmente innecesario e inadecuado a la finalidad para la información que pretende recabar el Art. 104 de la Constitución.
De la misma forma, atenta contra el principio de consentimiento porque las citadas disposiciones atacadas de inconstitucionales coactivan al declarante a otorgar su consentimiento para revelar los datos declarados.
Los accionantes también invocan el principio de legalidad, y al respecto manifiestan: “La legalidad exigida para los actos de las autoridades administrativas es más estricta que la ‘licitud’ de los actos jurídicos privados, en el sentido de que para estos basta que no estén prohibidos, en tanto que para los actos administrativos se requiere que estén autorizados expresa o implícitamente en la ley o reglamento fundado en la misma”.
El Sindicato de Funcionarios Judiciales informó que unos 2.000 empleados accionaron contra la ley de declaración jurada, y es a estos a quienes les beneficiaría la acción en caso de ser favorable.