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Los fiscales recusados son José Dos Santos, Josefina Aghemo y Hernán Galeano, quienes por ahora no podrán intervenir en el expediente del caso hasta que se sean confirmados en el expediente por el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
La recusación fue planteada por la abogada Alba Zaracho, defensora de Ninfa Thomas Rudis y María Beatriz Gill Ávalos, quienes la semana pasada se beneficiaron con el arresto domiciliario dictado por el juez Ayala Brun, pese a la oposición del Ministerio Público.
La Fiscalía había solicitado la prisión de las imputadas alegando peligro de fuga, en razón de que las mismas fueron procesadas por hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, cuya expectativa de pena es de hasta quince años de cárcel.
Al favorecer a las imputadas con el arresto domiciliario, el juez Ayala Brun dictó un fallo contradictorio y llamativo con otra resolución anterior que emitió en el mismo caso, según fuentes del Ministerio Público.
En su resolución anterior, por la que había aceptado la imputación y el decreto de detención, Ayala Brun dijo que correspondía la medida restrictiva de libertad porque las mismas cometieron hechos graves que prevén penas de 15 años de presidio. En la sentencia que benefició a las procesadas el magistrado presentó a las imputadas como responsables de hechos menores no graves.
El arresto domiciliario decretado por Ayala Brun estaba a punto de ser apelado por el fiscal José Dos Santos, intención que fue frustrada por la recusación de la defensa de las encausadas y demás personas sujetas al citado proceso.
Al disponer el arresto domiciliario, el juez Ayala Brun impuso a las procesadas prohibición de salir del país, prohibición de contactar con los demás imputados y obligación de comparecer mensualmente ante la comisaría y juzgado.
Igualmente, el magistrado impuso fianza personal de G. 800 millones y una fianza real de G. 500 millones para la defensa de las imputadas.
Además de las dos imputadas, están sujetos al proceso Arcenio Céspedes Maciel, Hugo Daniel Ortiz Barboza y Gustavo Vera Ávalos.
Maniobran en la causa
La recusación promovida contra los fiscales del caso Ára sería parte de una maniobra para conseguir “fiscales a la medida” y evitar el castigo de los verdaderos vaciadores de la financiera, según fuentes del Ministerio Público. El banquero Carlos Sosa Palmerola, principal imputado en la causa, actualmente en libertad, sería el principal beneficiado con la recusación y paralización del caso.