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Para ayer estaba fijada la audiencia preliminar para los acusados por hechos de tortura, pero el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla había sido recusado la semana pasada por la defensa del excomisario Merardo Palacios, quien para evitar que se estudie esa recusación también planteó el mismo incidente contra los miembros del tribunal de Apelación.
Eso hizo que el expediente vaya a parar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano que tiene que expedirse primero sobre la recusación de los camaristas, para que después estos estudien el caso del juez Amarilla y de confirmarse al magistrado, volver a fijar una nueva fecha para la diligencia.
Merardo Palacios y Osvaldo Vera deben afrontar la audiencia preliminar para saber si van o no a juicio oral, mientras que Walter Bower es llamado para la audiencia de imposición de medidas, diligencia que suele darse entre las 24 o 48 horas después de la imputación; en el caso del exministro del Interior, hace 17 años que se trata de realizar esta diligencia.
La última suspensión de esta audiencia el juez Amarilla le impuso una sanción de arresto disciplinario de 48 horas a Walter Bower, por ser litigante de mala fe, medida que fue apelada por el abogado Jorge Vasconcellos y mientras eso no quede firme tampoco se puede cumplir el arresto.
Vasconcellos dijo que su cliente jamás planteó recursos o apelación en el expediente, que los pocos incidentes que se plantearon fueron de parte del exabogado de Bower.
“Creemos sencillamente que la motivación de la medida fue en cierto sentido la autoprotección del juzgado ante la amenaza de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) examinaría la conducta de jueces y fiscales en la tramitación de la causa”, apuntó.
Sin embargo en el expediente constan todas y cada una de las presentaciones meramente dilatorias que presentaron los imputados a lo largo de 18 años, para no ser juzgado por un caso de tortura ocurrido en el año 2000 cuando se detuvo a varios comisarios acusados de ser cabecillas de un presunto golpe del Estado.