Recusación posterga por 5ª vez preliminar a Nuñez

Por quinta vez, la audiencia preliminar para definir si el diputado colorado Carlos Núñez Salinas afrontará o no juicio oral por contrabando y producción de documento no auténtico, prevista para ayer, se postergó por tiempo indefinido. Esta vez fue por una recusación contra el fiscal Martín Cabrera.

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El 27 de febrero del 2015, Núñez Salinas fue beneficiado con el sobreseimiento provisional, pero un año después el fiscal Cabrera solicitó la reapertura de la causa, tras reunir más pruebas.

Tras la presentación de la acusación, el 20 de abril pasado se realizó una audiencia preliminar durante la cual la defensa planteó suspensión condicional del procedimiento. Este planteamiento que contó con la anuencia de la fiscalía, pero el juez Humberto Otazú remitió el caso a la Fiscalía General. El 17 de mayo pasado, el fiscal adjunto Federico Espinoza presentó nueva acusación y pedido de juicio oral.

Audiencias frustradas

A partir de ahí, la audiencia preliminar fue suspendida en cinco ocasiones, incluyendo la de ayer. El 20 de junio fue por viaje del abogado defensor Roberto Hirsch; el 14 de julio debido a problemas de salud de Núñez; el 11 de agosto por reposo de Núñez Salinas y el 31 de agosto, por recusación al juez.

“El juzgado va a solicitar un informe vía secretaría de cuántas veces fue suspendida la audiencia y conforme a la acordada que rige las buenas prácticas, ver si esas suspensiones fueron o no justificadas. La penúltima recuerdo que el acusado había presentado un certificado médico y de esa situación el Ministerio Público había abierto una carpeta de investigación”, explicó Otazú.

Específicamente, la defensa plantea realizar una donación de G. 50 millones al Hospital de Niños Acosta Ñu, a modo de reparación del daño social. La defensa resaltó que otros procesados en la misma causa han sido beneficiados con esta salida procesal y que la negativa a su pedido conculca el principio de igualdad procesal.

Los asesores de Núñez Salinas destacan que en el ámbito administrativo, en este caso es Aduanas, ya se abonó el monto equivalente a los impuestos establecidos e incluso la multa correspondiente.

La acusación

La acusación del fiscal Martín Cabrera sostiene que la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por el diputado, despachó en el 2011 un lote de ruteadores por el que pagó US$ 17.706, pero en realidad eran decodificadores por valor de US$ 1.026.028.

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