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Ante la postulación para este cargo por parte del fiscal, la señora María Alejandra Ottaviano denunció el hecho al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el 5 de noviembre de 2013.
En tiempo récord el Jurado rechazó la denuncia el 19 de noviembre, en solo 14 días. En una argumentación bastante ambigua, reconocen que la masonería es una asociación de carácter privado, que está prohibida por la Constitución Nacional para los jueces y fiscales.
También reconoce el Jurado que la masonería es una institución cuasisecreta. La Carta Magna prohíbe la conformación de asociaciones secretas.
Le beneficia a Sánchez al argumentar que la denuncia no se realizó dentro de una causa penal y que tiene derecho a ser miembro de una asociación.