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La Cámara de feria, integrada por los magistrados Carlos Escobar, Irma Alfonso de Bogarín y Alma Méndez de Buongermini, confirmó la prisión preventiva de los condenados por lesión de confianza agravada, dictada en la sentencia definitiva de primera instancia para Mariano Escurra (penado a 12 años de cárcel), Ricardo Pereira Poletti (a 10 años) y José Salvador Alonso (a 8 años).
El Tribunal de Alzada argumentó que “con el fin de garantizar el sometimiento de los procesados a una eventual condena, se hace pertinente confirmar el punto 18 de la sentencia definitiva Nº 403 del 18 de diciembre de 2015, por la cual los enjuiciados habían sido remitidos a la penitenciaría de Tacumbú, para el cumplimiento de sus penas carcelarias”.
La Cámara de Apelaciones anteriormente ya había confirmado la prisión preventiva en Tacumbú de Víctor Bogado (condenado a 14 años), Walter Elías Delgado y Félix Juan Villamayor (sentenciados a 12 años de cárcel).
El tribunal de sentencia, integrado por Mesalina Fernández, Gustavo Santander y Elsa García, también rechazó la revisión de medidas solicitadas por José Szwako (condenado a 8 años), Cíbar Insfrán (a 4 años de prisión) y Gustavo Duré (a 3 años).
El único que no apeló la prisión preventiva ni solicitó la revisión de sus medidas es el exsíndico Édgar Mengual, condenado a solo 3 años de penitenciaría.
Los condenados Pabla Mieres de Scavenius (a 8 años de prisión) y César Amílcar Bejarano (a 12 años) no fueron enviados a penitenciarías porque tienen más de 70 años, y solamente cuando la sentencia esté firme serán remitidos a las penitenciarías para cumplir con las penas.
En todos los casos, tanto los agentes del Ministerio Público, Victoria Acuña y Aldo Cantero, así como los querellantes adhesivos abogados Rafael Fernández y Gustavo Gorostiaga se opusieron a la concesión de medidas menos gravosas, ya sea el arresto domiciliario o la libertad ambulatoria.
Durante el juicio oral, el tribunal de sentencia integrado por las juezas Mesalina Fernández, Rosarito Montanía y Esther Fleitas, concluyó que el perjuicio patrimonial a la Cajubi fue de unos US$ 48 millones.
Vergonzoso megafraude
El fraude a la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) fue investigado inicialmente por un perjuicio de US$ 176 millones, perpetrado a través de supuestas operaciones de alto rendimiento. El dinero extraído de la Cajubi era remesado al exterior a firmas “fantasma” creadas al solo efecto de desfondar a la institución.