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La acción, radicada por el procurador general Pedro Valiente Lara, sostiene que los artículos de las legislaciones cuestionadas son inconstitucionales desde el momento en que colocan al Estado paraguayo como responsable directo por los actos ilícitos cometidos por los funcionarios o agentes del anterior gobierno del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989).
La Procuraduría destaca que el artículo 106 de la Constitución Nacional coloca al Estado como responsable subsidiario en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen los funcionarios o empleados del Estado en ejercicio de sus funciones.
“Cabe aclarar que el Estado paraguayo no niega el derecho de las personas de reclamar, tan solo exige el respeto irrestricto a la supremacía constitucional”, sostiene Valiente.
El procurador también cuestiona dichos artículos por determinar que el derecho a reclamar indemnizaciones por actos ilícitos cometidos por empleados o agentes del Estado es imprescriptibles, lo cual, afirma, está en abierta contraposición y violación a los artículos 3 y 106 de la Constitución y al artículo 663 inciso f del Código Civil.
“El derecho a peticionar que pudieran tener las víctimas no es imprescriptible, ni lo puede ser. Primero, porque ello riñe con el sistema jurídico nacional que establece el término de dos años para que se opere la prescripción cuando se trata de actos ilícitos o de responsabilidad extracontractual y, segundo, porque no se pude dejar de tener en cuenta que estamos hablando de actos ilícitos cometidos por funcionarios del Estado en ejercicio de sus funciones, cuestión que nos obliga a observar e interpretar las normas en forma armónica, teniendo en cuenta los artículos 106 de la Constitución y 663 del Código Civil”, sostiene al tiempo de pedir la suspensión de los efectos de las normas impugnadas como medida de urgencia.
Un informe de Hacienda revela que desde el 2004 hasta el 2012, el Estado pagó G. 394.881.855.192 (alrededor de US$ 88,7 millones) a 5.794 personas, entre víctimas directas y herederos. Asimismo, estaban pendientes de pago varias resoluciones del 2011 y 2012 que totalizan US$ 17 millones.