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El proceso está a cargo del juez Humberto Otazú, pero por razones de turno, la audiencia de imposición de medidas se llevó a cabo ante el juez de guardia, Óscar Delgado.
El magistrado dispuso la prisión del procesado. En coincidencia con lo que solicitó el Ministerio Público, Delgado estableció que la medida se cumpla en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en el área de admisión.
La defensa del letrado está a cargo de su hermano, quien solicitó su reclusión en dependencias policiales, sin éxito.
En la denuncia que dio origen a este proceso, la denunciante afirma que inició una relación con el letrado en junio del año pasado y ante la insistencia del mismo en tener un hijo, accedió a dejar de usar preservativos. La relación terminó en febrero y luego, advertida por una tercera persona, se hizo la prueba y constató que tenía VIH.
La investigación está a cargo de las fiscalas Fátima Britos y Clara Ruiz Díaz. Tras la difusión del caso, otras seis mujeres presentaron denuncia contra el abogado. De comprobarse la veracidad de dichas denuncias, la fiscalía tendrá que impulsar causas paralelas contra él. Según fuentes allegadas a la investigación, de las siete mujeres solo dos presentaron estudios médicos que certifican que tienen la enfermedad.
La fiscalía debe determinar si el letrado deliberadamente transmitió el virus, es decir, si a sabiendas de que tenía la enfermedad mantuvo relaciones sexuales sin las precauciones necesarias para evitar su propagación.
Las investigadoras deben determinar desde cuándo el sospechoso sigue tratamiento y si las relaciones que tuvo con mujeres que lo denuncian son posteriores a ello.
Cita y captura El abogado fue detenido el viernes último, en un operativo encubierto que utilizó a una mujer como señuelo. Una agente policial se hizo pasar por interesada en tener un encuentro íntimo con el mismo y cuando el procesado acudió a su encuentro, acordado vía WhatsApp, se produjo su captura, en una vía pública de San Lorenzo.