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Escobar Faella explicó que el “acuerdo de punto final” (haciendo un paralelismo a la “ley de punto final” que se había puesto en vigencia en la Argentina) es para intentar apaciguar el sufrimiento de las víctimas del trágico incendio del 1 de agosto de 2004, en el que fallecieron cerca de 400 personas.
El acuerdo contempla el pago de una indemnización a unas 300 víctimas que aún tienen vigentes sus juicios de indemnización de daños y perjuicios. El dinero pagado a estos demandantes será lo obtenido por la expropiación del local del supermercado siniestrado Ycuá Bolaños, asentado en el barrio Trinidad, de la capital.
Escobar Faella agregó que el acuerdo también estipula la renuncia a cobrar los honorarios profesionales por parte de los abogados defensores a las víctimas que perdieron los juicios civiles de indemnización de daños y perjuicios. Según los cálculos del defensor, serían unas 300 las víctimas que perdieron sus demandas por negligencia de sus abogados. En casi todos los casos las demandas quedaron fuera por prescripción o caducidad de los juicios.
El acuerdo, aparte de tener su componente económico, también tiene por finalidad llegar a una “paz social” con las víctimas del incendio, quienes tienen una permanente herida abierta a causa de la considerada mayor tragedia civil ocurrida en nuestro país.
Los exempleados del súper también serán beneficiados con el pago de sus créditos laborales.
Libertad condicional
Juan Pío Paiva inició el proceso para obtener la libertad condicional. Fue condenado a 12 años de prisión y, tras cumplir las dos terceras partes de su condena (10 años de cárcel), pidió ante el juzgado de ejecución de Paraguarí, a cargo de la jueza Mirian Villamayor de Adorno, su libertad.
El miércoles pasado Paiva acudió al juzgado de ejecución para realizar un estudio sicológico y socioambiental, ante las trabajadoras sociales Zunilda Caballero y Norma Gavilán.
Según informes del juzgado, las citadas psicólogas no tienen plazo para entregar sus informes.
Paiva fue condenado por homicidio doloso y por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.
Los demás condenados
En la causa también fueron condenados Víctor Daniel Paiva, a 10 años de prisión; el guardia del supermercado Daniel Areco, a 5 años; y el accionista Humberto Casaccia, a 2 años y seis meses de cárcel. Todos ellos ya se encuentran en libertad.
Fueron absueltos en el juicio oral los accionistas del supermercado María Victoria Cáceres de Paiva, Antonia Burgos de Casaccia y Agustín Alfonzo, de acuerdo con los antecedentes.