Presionaron para autorizar el pago de G. 9.406 millones por equipos

Jessica Paola Reyes Aguilera (31), exasesora jurídica de la Senad, declaró que en la institución argumentaron en el 2012 una “urgencia impostergable” para tramitar y desembolsar G. 9.406 millones, por un equipo de espionaje, a favor de Televox SRL, la supuesta proveedora.

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Reyes declaró ante el fiscal Martín Cabrera, que en octubre de 2012 renunció como encargada de la Unidad de Operativa de Contrataciones (UOC) porque presionaban por negarse a realizar los trámites para comprar el “sistema de rastreo sensitivo móvil”, sin el Decreto del Ejecutivo.

Reyes agregó que en la Senad argumentaban una “supuesta urgencia impostergable para adquirir los equipos.

También declaró que en diciembre de 2012, le obligaron a renunciar a la entonces contadora de la Senad, Lic. Leticia Franco, a quien presionaron para pagar a Televox SRL, la empresa vendedora de los equipos.

Otro dato que llama la atención a la Fiscalía es que la recepción y entrega del “sistema de rastreo sensitivo móvil”, por el que se pagaron G. 9.406 millones, se firmó el 27 de diciembre de 2012. Sin embargo, Televox recién importó el mencionado equipo a través de Aduanas en abril de 2013.

Por su parte, la exjefa de patrimonio de la Senad Jadiyi Fatum Arza Galván (37) declaró que fue convocada ese 27 de diciembre de 2012, por el entonces director general antidrogas, Luis Rojas, para que incorpore como bien de la institución, un equipo que presume era el “sistema de rastreo sensitivo móvil”.

Creen que lo que fue presentado e incorporado al patrimonio de la Senad pudo haber sido un equipo cedido como “demostración”, para que se desembolse los G. 9.400 millones.

Los exministros de la Senad De Vargas y Rojas están imputados por lesión de confianza. Los directivos de Televox Nicasio Bóbeda, Alfredo Bóbeda y la contadora Silvia Jara, por contrabando y producción de documentos no auténticos.

Perjuicio por compra de aparatos inservibles

La Fiscalía sostiene que los dos equipos de espionaje comprados por Francisco de Vargas, en el 2012, y por Luis Rojas, en el 2015, fueron inservibles, ya que nunca se utilizaron para los fines propuestos. Por ambos equipos la Senad desembolsó unos US$ 2.500.000. Los funcionarios de Senad Antonio Pereira, Silvio Amarilla, Alberto Ferreira, Adalberto Benítez, Hugo González y Jessica Reyes fueron imputados por lesión de confianza (complicidad).

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