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A través de una nota presentada ayer al presidente del JEM, Óscar González Daher, el gremio que nuclea a los magistrados expresa su preocupación por la intempestiva medida adoptada con relación a Zarratea, “persona de excelente predicamento moral e intelectual”.
La nota, firmada por Gustavo Santander y José Agustín Fernández, presidente y secretario, respectivamente, señala que como profesionales del Derecho, se preguntan con asombro cómo es posible que un magistrado sea enjuiciado por conceder una medida cautelar.
“¿Qué suerte pueden correr los jueces de la República, que en adelante en uso de sus facultades utilicen esa figura jurídica, legal y constitucionalmente permitida?”, señalan en la nota.
“Enfatizamos que el caso que nos ocupa, definitivamente, no tiene la más mínima sospecha de corrupción alguna que contenga o rodee los actos del magistrado en cuestión, y en el supuesto de un error en el procedimiento, hagamos que las instancias previstas en nuestro ordenamiento judicial, actúen libremente como corresponde, y así tanto los magistrados y la ciudadanía toda, vivan, sientan y disfruten de la ansiada seguridad jurídica en nuestro querido país”.
La decisión que derivó en la cuestionada suspensión es del 11 de noviembre pasado, fecha en que Zarratea ordenó el inmediato reintegro de las dirigentes sindicales Ivonne Paola Sigaud Martínez y Mirta Gladys Colmán Argüello, en el marco de sendos procesos por reposición en el lugar de trabajo y cobro de guaraníes.
Sigaud es secretaria de comunicación del Sindicato de Trabajadores de la Margen Derecha de Yacyretá (Sitramdy) y en tal carácter nombrada como negociadora del contrato colectivo en representación del gremio, al igual que Colmán.
El magistrado explicó que la decisión está basada en lo establecido en los artículos 320 y 321 del Código del Trabajo. El primero obliga a reponer al funcionario destituido dentro de las 48 horas en caso de violación de la estabilidad sindical y el segundo, impone al empleador la obligación de probar previamente la existencia de justa causa para proceder al despido de un trabajador con estabilidad sindical.
La Asociación de Abogados Laboralistas y la Federación Latinoamericana de Magistrados también se pronunciaron a favor de Zarratea.