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El representante del Ministerio Público, en setiembre del año pasado, había solicitado al juez José Delmás el sobreseimiento provisional para José Maldonado y Rolando Maldonado Lesme alegando que tenía once diligencias pendientes para poder cerrar la investigación y el magistrado les otorgó la medida a los imputados.
Entre las diligencias pendientes, el fiscal Fernández esperaba un informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con relación a varias personas, pericia contable administrativa 2013-2014 de la entidad para determinar el perjuicio. Finalmente esos informes llegaron y, con base en esos, José Maldonado y Rolando Maldonado fueron acusados por los hechos punibles de estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos proveídos por el Estado y por el presidente Horacio Cartes.
En el informe de la Contraloría General de la República se hace constar que se detectó un supuesto daño de G. 527.090.059 en los años 2013 y 2014.
“Se puede resaltar también que las personas asociadas a la ACIP cobraban sumas de dinero en carácter de remuneraciones por integrar coros polifónicos, selección deportiva de fútbol; así también podían recibir sumas de dinero en concepto de ayuda social. Los desembolsos en dichos conceptos eran otorgados y justificados con facturas personales que estaban en poder de administradores de la asociación; por tratarse de personas con limitaciones visuales accedían a firmar documentaciones desconociendo su contenido, que a veces inclusive se trataba de autorizaciones para la Subsecretaría de Estado de Tributación, resultando las mismas en deudas certificadas para los autorizantes. Cabe resaltar sobre este punto que prácticamente todos los entrevistados coinciden en sus declaraciones con respecto a prohibición de ingreso de personas videntes al lugar de cobro como acompañantes, es por eso que se hace difícil individualizar qué documentaciones tenían la voluntad real de los firmantes”, señala una parte de la acusación del fiscal René Fernández contra los dos acusados.