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“Rechazamos el atropello de pretender anteponer el precio a la calidad de la medicación a costa de nuestras vidas. El Estado no puede prestarse al pretendido debate entre lo caro y lo barato, sino entre lo bueno y lo malo. El IPS no es una financiera que debe generar ganancia por lo que en el marco de una buena administración debe limitarse a prestar servicio de calidad. El debate debe ser en torno a la vida y la muerte de las personas, no en torno al precio de los medicamentos”, señala parte de la carta firmada por la citada organización.
Esa nota fue enviada al defensor del Pueblo y a los siguientes organismos estatales: Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a Contraloría General de la Rapública, a la Presidencia de la República, a la Primera Dama y a la Dirección de Contrataciones Públicas.
“No vamos a parar. Estamos iniciando las gestiones por grupos de 20 personas para contar con amparos constitucionales porque no vamos a ponernos esa medicación. Tenemos conocimiento de que se está preparando un documento de consentimiento para los que van a usar los biosimilares, en el cual se deslinda de responsabilidades a los médicos de IPS. Los pacientes de IPS no vamos a firmar ese consentimiento y vamos a recurrir al amparo”, indicó Giménez.