Cargando...
“Yo planteé casación e inconstitucionalidad; nosotros recurrimos la resolución que admitió esa imputación, que considero que se tiene que anular y la Corte no resolvió aún. Es imposible realizar la audiencia porque en la preliminar se estudia el fondo de la cuestión y todos los elementos prohíben estudiar el fondo de la cuestión hasta que la Corte resuelva y disponga la validez de esa imputación”, explicó el abogado de Cardozo y Azuaga, José Domingo Almada.
La primera fecha fijada fue para el 9 de octubre, ocasión en que el juez Gustavo Amarilla rechazó un recurso de reposición planteado por Almada para suspender la preliminar, luego postergada por otro motivo.
El magistrado tomó la decisión a partir de un informe de la Corte, que aclara que no se ha dictado medida cautelar en los planteamientos promovidos por Almada. El mismo afirma que la sola interposición del recurso de casación obliga a postergar la audiencia, pues en el mismo se discute la validez misma del procesamiento.
Ahora el juez Amarilla debe resolver si mantiene la convocatoria para todos, si posterga la audiencia o si realiza la diligencia con los acusados que se presentan. El juez debe resolver si van o no a juicio oral y público para rendir cuentas del desvío de G. 68.000 millones que debieron ser destinados a productores frutihortícolas.
Hay 21 personas acusadas con relación al caso, entre ellas –además de Cardozo y Azuaga– el exministro Rody Godoy, los directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenapropfhp), Silvio Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Alcira Arzamendia.
En este caso, siete personas han sido sobreseídas en forma definitiva y ocho han sido beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento.