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De acuerdo a datos obtenidos por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los “empresarios” Jorge Rafaat Toumani y Miguel Servín serían dos de los propietarios de las aeronaves confiscadas. Igualmente están en la mira de los agentes el diputado colorado suplente, actualmente preso en Tacumbú, Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharõ.
Este último es hermano del dueño del aeroclub “Norte Porã” de Capitán Bado, que fue intervenido dos meses atrás, debido a sospechas de que el sitio era utilizado para actividades del narcotráfico y contrabando de artículos informáticos y cigarrillos, según explicaron los investigadores.
Supuestamente las actividades de esta estructura de narcotransporte fueron descubiertas a partir de las confesiones efectuadas por el narco Ezequiel Gómez de Souza, actualmente recluido en la base de la Senad en la capital. De Souza ya había nombrado a Rafaat Toumani y a Servín en una entrevista gravada que mantuvo con los senadores Arnoldo Wiens (ANR), Arnaldo Giuzzio (PDP) y el ministro de la Senad, Luis Rojas.
De acuerdo a datos recogidos por los agentes, cada una de las aeronaves, todas ellas con matrículas falsas y pegadas solo con calcomanías, efectuaban vuelos no registrados a Bolivia para traer clorhidrato de cocaína o pasta base.
Según las averiguaciones, dos o tres narcos de la zona se unían para fletar las naves. Cada una de las avionetas, monomotor en este caso, tenía la capacidad de transportar alrededor de 400 kilos de “mercancía”, la que era distribuida entre los “patrones” una vez que llegaba a una de las pistas clandestinas instaladas en las zona de Amambay y Concepción.
El costo del flete de una de las naves no superaba los US$ 30.000, lo que no incluye el pago al piloto, que de acuerdo a los agentes especiales era de US$. 10.000 por viaje.
De esta forma, los traficantes abarataban el costo del traslado y cada kilo de cocaína o pasta base puesta en la zona fronteriza con el Brasil alcanzaba la suma de US$ 2.000. Pero una vez procesado el producto y remesado al vecino país, obtenían US$ 7.500 por cada kilo, a precio mayorista, explicaron agentes antidrogas.
Aparentemente las 22 aeronaves fueron robadas de los países vecinos, especialmente el Brasil e ingresaron de contrabando al Paraguay, donde le borraron todos los números identificatorios y las matrículas originales, que fueron reemplazadas por otras colocadas con calcomanías. Ante cualquier percance, los pilotos quitaban estas matrículas y escapaban.
Precisamente, el trabajo de algunos funcionarios de la Dinac consistía en habilitar estas naves con las patentes falsificadas para el transporte de “polvo blanco”.