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“Marcelo Piloto” ofreció una conferencia de prensa en su lugar de encierro, el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía.
La reunión fue organizada por su propia defensa técnica, liderada por la abogada Laura Casuso y ejercida también por el abogado Jorge Prieto. Otra de sus representantes, Gisel Gutiérrez, está bajo arresto domiciliario por supuesta complicidad en el plan de ataque a la misma Agrupación Especializada, que fue abortado hace un mes por la Senad.
Casuso y Prieto también representaron al capo Jarvis Chimenes Pavão y habían recurrido a la misma estrategia de mediatizar la situación de este para intentar evitar su entrega al Brasil.
Uno de los argumentos que dieron los abogados de “Marcelo Piloto” es que las cárceles del Brasil son inhumanas y que su vida correría peligro allí.
Coche bomba
En un cerrado portugués y por momentos con un tono eufórico, el criminal brasileño reconoció que compra y vende drogas y armas en Paraguay y se jactó de haber matado a varias personas en nuestro país.
Negó que su mujer Marisa de Souza Penna (24) y los cuatro criminales de Río de Janeiro que cayeron con esta en una casa del barrio San Vicente hayan planeado liberarlo. Sobre las armas de guerra y las centenares de municiones y explosivos desenterrados en ese operativo, dijo que solamente eran para vender. También rechazó que haya sido el ideólogo del ataque planeado con el coche bomba que fue desactivado por la Policía en Presidente Franco.
Sobornos y extorsión
“Marcelo Piloto” acusó al comisario general Abel Cañete de haberle cobrado por protección durante los años que vivió en Ciudad del Este. Cañete es el que lideró el procedimiento de incautación del coche bomba.
El brasileño dijo además que en 2015 pagó más de 200.000 dólares a un policía de apellido Ramírez, de Investigaciones de Alto Paraná, para que lo liberara tras un arresto.
En otro momento, delató con nombre y apellido a sus supuestos colaboradores paraguayos quienes lo traicionaron, pero después dijo que tenía códigos y que no entregaría a sus proveedores.
Aseguró tener pruebas de todo lo que denunció, pero advirtió que las dará solo si la Fiscalía lo llama a declarar.
De este modo, el brasileño intentaría que le abran nuevos procesos penales para quedar más tiempo en nuestro país y no sufrir la rigurosidad del sistema penitenciario brasileño.